Respuesta a los que se oponen a una posible candidatura del expresidente Alberto Fujimori

Señalé la semana pasada que la anunciada posible candidatura del expresidente Fujimori ha movido el escenario político y provocado que ciertas personas, que se creen potenciales candidatos y competidores del fundador del Fujimorismo, respondan incluso con virulencia ante tal posibilidad.
Es claro que no basta la autopercepción ni la legítima buena ambición de acceder a una posición destacada en la estructura de poder político de un país. Dado que es indudable que el sistema democrático se sustenta en los partidos políticos, que duda cabe respecto a que el pretendiente debería cuando menos haber fundado uno de ellos o tener una razonablemente prolongada activa militancia. Es a través de estos requisitos de principio que la ciudadanía, y también la propia organización política, pueden tener un indicativo de la consistencia ideológica y programática del candidato, no solo durante la campaña electoral sino, sobre todo, en el ejercicio de cargo político de elección al que acceda.
Lamentablemente, quienes han salido a oponerse con agresividad a la posible candidatura del exmandatario, no pueden exhibir ni liderazgo ni trayectoria políticos; más bien se asemejan al mal atleta que basa su posible victoria en la no participación de buenos competidores y hasta se atreve a pedir se descalifique a los mejores.
A falta de buenos argumentos, los que se sienten amenazados echan mano a posiciones técnicas que pretenden ser constitucionales y legales pero que olvidan que el fin último del Derecho es la Justicia. Y vaya que no es justo soslayar que el posible candidato A. Fujimori fue condenado sin prueba alguna de su culpabilidad y que le fijaron abusivamente una millonaria obligación de pago de reparación civil –que entendidos aseguran ya caducó y no es más una obligación exigible– a todas luces nula por exagerada e impagable. Tampoco es justo olvidar que en materia penal, no pueden aplicarse sanciones, limitaciones o cargas que sean nuevas o más drásticas que las que existían al momento en que supuestamente ocurrieron los hechos castigables.
En el colmo de la pobreza de corazón llegan algunos a sugerir que la mandataria Boluarte, de la que denostan pero esperan un favor, cometa la barbaridad jurídica de revocar el indulto que concedió otro jefe de Estado. Para ello desconocen que constitucionalmente un indulto tiene autoridad de cosa juzgada y que solo podría ser dejado sin efecto como resultado de un proceso judicial por presunta cosa juzgada fraudulenta, que exige probar el supuesto fraude.

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