Responsabilidad compartida (*)

El derrame de crudo de petróleo ocurrido en días recientes nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad que les cabe a los actores de este desastre ecológico y social, que ha causado un daño a la costa peruana que solo podrá repararse en unos 4 o 5 años, cuando menos y dejar, a partir de ese plazo, la costa peruana sin residuos de petróleo.

Teniendo en consideración estos hechos, pensamos que el derrame de petróleo, además de producir un daño incalculable a la fauna y flora marina, también impacta negativamente a las personas que subsisten en nuestro litoral y que viven diariamente en su entorno.

Este derrame nos ha hecho darnos cuenta de lo ligero e irresponsable que son las empresas, tanto públicas como privadas, que no solo transportan petróleo, sino que transportan gas u otro material tóxico a lo largo y ancho de nuestro país. Recordemos lo ocurrido hace poco tiempo con la explosión de un camión cisterna transportando GLP en Villa El Salvador y de las 34 vidas humanas perdidas, por una falta de supervisión adecuada y por una falta gravísima de la autoridad judicial, que a la fecha no encuentra ni un solo culpable de dicha explosión.

Hay responsabilidad, asimismo, en el Ministerio del Ambiente y en la OEFA que no saben supervisar y coordinar acciones medioambientales, que se encuentran señaladas en los Estudios de Impacto Ambiental y en los planes de contingencia que estos contienen y que forman parte inherente de los EIA aprobados por la autoridad ambiental.

¿Qué tan difícil es que las autoridades medioambientales hagan revisiones periódicas e inopinadas a las empresas que descargan estos productos peligrosos, ya sea en la costa peruana o en el transporte de líquidos peligrosos a lo largo de la Carretera Central?

¿Qué tan difícil es que las empresas, ya sean formales o informales, que las hay, y que transportan líquidos peligrosos, sean supervisadas y controladas por la policía a cargo de los asuntos medioambientales (si es que la hay y sino crear una para dejar libre a tantos efectivos detrás de un escritorio en todas las comisarías del país, lo que será materia de otro artículo) y por las autoridades del Ministerio de Energía y Minas o de la OEFA y que cuentan con cientos de funcionarios sentados detrás de un escritorio, sin hacer nada, sino pasarse papeles de un escritorio a otro y que las acciones de control, duerman el sueño de los justos

Y finalmente, ¿qué tan difícil es que las propias empresas, a sabiendas que cargan, transportan estos líquidos peligrosos a lo largo del litoral y lo más grave, atraviesen la ciudad, llevando ese material altamente peligroso, no tomen ellos mismos las medidas de supervisión y control básicas y elementales, como son el supervisar, en forma inopinada y al azar, esas acciones a lo largo de los recorridos de sus buques y/o camiones?

Parece que carecemos de responsabilidad de todos los actores que intervienen en estas acciones quienes deberían sentarse a diseñar un programa de supervisión necesaria y coherente durante todo el trayecto de estos materiales y que, si incumplen o fallan en esta supervisión, sean sancionados ejemplarmente, con multas y con acciones penales que les impidan seguir funcionando, sin perjuicio de reparar adecuadamente los daños causados a las personas afectadas y al medio ambiente.

En conclusión, se debe prevenir y tomar las acciones, antes que sucedan lamentables hechos de consecuencias gravísimas, como el que estamos comentando, para no lamentar las mismas en un futuro inmediato.

(*) De la Serie de Artículos de “Mentecatos y Cacasenos”

* Consultor del área de derecho ambiental del Estudio Torres y Torres Lara Abogados

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