Resolución histórica
Ayer, en una reflexión que -ojalá- revele algún sentido de responsabilidad y, sobre todo, por fin un cambio radical de conducta, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó -de manera sorpresiva como resaltó ayer este periódico- un segundo informe final que desconoce los yerros planteados inicialmente respecto al proceso sumario iniciado contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia JNJ. Y tras un cuarto intermedio, se reanudó la sesión sometiendo a votación el citado nuevo informe, el mismo que plantea -en esta ocasión- recomendar al Pleno “la remoción de todos los integrantes de la JNJ”. Ayer mismo, esta columna criticó duramente a la citada comisión congresal por su impresentable votación de la víspera, la misma que exoneraba de toda responsabilidad a los integrantes de esa Junta de marras. Nos felicitamos, entonces, por la oportunidad de nuestro comentario y sobre todo, por la respuesta que tuvo de la Comisión de Justicia de nuestro Parlamento.
La conclusión de esta histórica votación fue de quince votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, cuyo texto final dice; “Esta comisión concluye que, respecto de los señores miembros de la Junta Nacional de Justicia se encuentra causa grave por incumplir con el artículo 156, inciso 3 de la Constitución; debido a que, según la exposición de motivos de la ley de reforma constitucional de dicho artículo, la interpretación de dicha exposición se refería a una edad para la permanencia en el cargo y no sólo como requisito para postular. Por tanto, se debe proceder conforme al artículo 157 de la Constitución.”
Por fin una resolución histórica zanja una cuestión de gravitante importancia para la estabilidad constitucional, legal y sociopolítica del país. Y lo hace, luego de una vital reconsideración al estrepitoso yerro en que había incurrido, la víspera, esta misma comisión de Constitución del Legislativo. Nos place sobremanera haber contribuido, junto con EXPRESO, a formar opinión no solamente ante nuestros lectores sino, igualmente, ante el seno del Congreso, al insistir tercamente sobre el debate de este tema capital que venía siendo enturbiado y desviado por los sectores caviares, que sólo buscan satisfacer sus intereses a través de manipular entes estatales -como la JNJ- para dirigir el sistema de Justicia en el país. Recordemos que la misión de la mafia caviar es conseguir que los jueces y fiscales legislen siguiendo sus normas. Que no son otras que las imposiciones transnacionales que recibe esta ralea que domina el Estado, a través de las ONG que dirige, fácticamente, para embutirnos sus leyes. Muy aparte de aquellas normas que apruebe nuestro poder Legislativo, e interpreten y apliquen, tanto el poder Judicial como el Tribunal Constitucional. En otras palabras, los caviares persiguen gobernar el Perú a través del manejo indirecto de un sistema judicial politizado, fabricado a su medida. Tamaña perversión ha venido pisoteando, brutalmente, la voluntad popular y la democrática, expresadas a través de las urnas para encajar, indirectamente, todo su poder político a una mafia que busca -por todos los medios- imponer su credo. ¡Aunque jamás haya sido elegida por el pueblo!
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