¡Renuncien de inmediato!

Con horror, cualquier ciudadano puede ver en las redes sociales los videos grabados por los propios criminales de la inmisericorde ejecución, con disparos en la nuca, de trece mineros artesanales secuestrados en Pataz, departamento de La Libertad.
En cualquier país civilizado, ese hecho justificaría la inmediata caída de los gobiernos nacional y regional por ineptitud y por someter al Estado a la indefensión. Sin embargo, aquí ninguna autoridad parece inquietarse y, mucho menos, asumen la responsabilidad política por este crimen que nos degrada como país soberano.
La masacre, en realidad, fue previsible. Las víctimas eran empleados de la contratista R&R, que brinda servicios a la Compañía Minera Poderosa, uno de los principales operadores auríferos de una zona que desde hace varios años está “liberada” por el continuo enfrentamiento entre mineros artesanales y bandas del crimen transnacional. Durante seis días los ejecutados estuvieron secuestrados y atados en un socavón sin que nadie respondiera al pedido de rescate de cuatro millones de soles.
Según la prensa regional, la situación era ampliamente conocida; pero, increíblemente, el 29 de abril nada menos que el premier Adrianzén negó que hubiera información de Inteligencia. La policía no tuvo capacidad de reacción; y tampoco actuaron los militares, pese a que ahora están autorizados legalmente a intervenir en contra de la minería ilegal.

Peor todavía, la ausencia total de autoridad ha llevado a que el alcalde de Pataz, Aldo Mariño, declare que los agentes del orden ni siquiera tienen chalecos antibalas y que él mismo está amenazado de muerte.
En suma, la situación es gravísima y revela que, efectivamente, el gobierno no tiene la más remota idea de qué hacer, mientras se limita a estafar publicitariamente con su “cuarto de guerra”. Una patraña infame que no puede proseguir.
Por elemental dignidad, exigimos ahora que renuncien el PCM, los ministros del Interior, de Defensa, el Comandante General de la PNP, el gobernador de La Libertad, así como los comandantes a cargo de las operaciones in situ. De Dina Boluarte —lo hemos dicho varias veces en esta columna— no podemos esperar nada, pero la gobernabilidad está en juego y no podemos aceptar la impunidad.
Por ello, y como lo de Pataz se suma a la feroz crisis de seguridad ciudadana, solo queda la alternativa de declarar el estado de sitio y delegar el control interno al Comando Conjunto de las FF.AA. hasta tanto se realicen las elecciones generales del 2026.

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