Remuneraciones en sector público

Declaraciones en el sentido de que hay que reducir las remuneraciones por las labores de los trabajadores del sector público me motivaron a preparar las siguientes reflexiones, que ojalá por lo menos se tengan en cuenta para la toma de decisiones que correspondan, sea en los poderes Legislativo y/o Ejecutivo, así como también en la administración de justicia.
Durante muchísimo tiempo, las personas calificadas por sus estudios, conocimientos, experiencia y, en general, podríamos decir por sus “pergaminos”, para ingresar al campo laboral o reinsertarse en el mismo, preferían, sin lugar a dudas, al sector privado, principalmente porque las remuneraciones de los particulares eran apreciablemente mejores que las del Estado.
En el sector público se entendió el tema y se empezó a incrementar las correspondientes remuneraciones por el trabajo de los altos funcionarios que tienen importantes responsabilidades, y es así que el sector público comenzó a competir con el privado en la selección y contratación de personal calificado. No solamente se establecieron remuneraciones acordes con las del sector privado, sino que se fueron añadiendo beneficios complementarios, como seguro de salud privado, utilización de vehículos oficiales, gastos de representación y otros.
Como usualmente pasa, hubo excesos desde el sector público y se dictaron medidas supuestamente correctivas, mediante las cuales se fijó un tope para la contratación de los funcionarios y altas autoridades. También se dispuso que, en la renovación de los convenios laborales, cualquier exceso del tope remuneracional se redujese en un 50%, y adicionalmente se ordenó la renegociación de los contratos que estaban vigentes, con el ánimo de que tuviesen el mismo tratamiento remunerativo (Decreto de Urgencia 020-2006 y modificatorios).
Como era previsible, muchos de quienes estaban en la situación descrita buscaron su incorporación al sector privado, con mayores alcances retributivos.
La experiencia aquilatada en tales tiempos llevó a reestudiar el tema y se creó el organismo público denominado SERVIR, para identificar, seleccionar y preparar personal de altas calificaciones, para que pudiesen ingresar a altas funciones en el sector público con retribuciones aceptables.
En el sistema de administración de justicia, llámese Ministerio Público, Poder Judicial y Tribunal Constitucional, sucedía algo parecido, puesto que las remuneraciones establecidas para fiscales, jueces y magistrados no cubrían sus necesidades, y muchísimos abogados, por más que tuviesen vocación para ser operadores de la justicia, preferían el sector privado, lo que indujo también a un sustantivo incremento de los sueldos.
Como vemos, ya existe experiencia en las acciones de reducir, por diversos mecanismos, las retribuciones de los altos funcionarios, por lo cual deberíamos tenerlo presente para no incurrir en errores de antaño, que lejos de haber permitido un mejor servicio desde el Estado a los administrados, francamente se transformó en defectuoso, lo que no debería volver a suceder.
Suena muy bien decir que se deben reducir las remuneraciones del sector público, pero ello, lejos de generar mayor eficiencia, hará que funcionarios competentes migren al sector privado. Comprenderán que hablamos solo de los competentes, no de los otros.
Lo que sí se debe evitar es sobrecalificar a mediocres para pagarles mayores sueldos.

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