Remembranzas judiciales…

Allá por los años noventa del siglo pasado, el Estado desarrolló una política para acercar la institucionalidad a la base social mediante un plan de inversión denominado “gasto social básico” el cual, en lo relativo al Poder Judicial, coincidió con una nueva concepción de la doble instancia que se venía desarrollando en la Oficina de Control, consistente en ubicar localidades fuerza determinándose la actividad económica de sus gentes, su costo y nivel de vida que, casi siempre mostraban relaciones económicas de niveles no muy elevados cuyos conflictos podían resolverse en procesos judiciales donde el juez de paz letrado actuara como primera instancia y los jueces especializados o mixtos como segunda y última instancia, de modo que el proceso se agotara en el entorno geográfico y social de las partes, enfrentando éstas el mismo costo, pero, con la ventaja de contar ambos con abogados porque teniendo la población jueces cercanos a ellos su acceso a la justicia era más fácil y barato, en cuya virtud, el ahorro en desplazamientos hacia las grandes ciudades podía utilizarse en la contratación de los abogados que también veían una ampliación de su mercado laboral y el bajo costo de inversión cuando eran oriundos de esas localidades.

Recuerdo que hicimos propuestas para crear juzgados de paz letrados por muchas zonas del país donde ya existían jueces especializados o mixtos poniendo en marcha lo que sería el germen de los módulos básicos de justicia que empezaron a diseñarse a partir de 1996.

La idea central radicaba en el derecho de la población a lo que se denomina tutela jurisdiccional efectiva, es decir, a tener un sistema de justicia a su alcance que solucionara sus conflictos a bajo costo y con oportunidad y eficacia.
Nos preguntábamos, por ejemplo, cómo era posible que en Requena existiese un juzgado mixto cuyas resoluciones, al ser impugnadas, debían elevarse a las salas superiores de Iquitos para que resolviesen en segunda instancia. El costo era enorme tanto por la distancia, el viaje por río y el gasto de permanencia en Iquitos y los honorarios de los abogados de esta ciudad. Igual ocurría en Ucayali, contando Pucallpa con una corte superior y juzgados concentrados en la ciudad, mientras que la población de Yarinacocha crecía a pasos agigantados y no tenía infraestructura judicial; o, la población de Campoverde que tampoco tenía juzgado alguno, pero que era la avanzada hacia Tournavista, Neshuya y Curimaná.

Ante la propuesta de crear un módulo en Yarinacocha, los magistrados de la corte superior de Pucallpa se opusieron alegando que la localidad estaba a veinte minutos tomando como punto de referencia el puerto en la laguna del mismo nombre, sin mirar el área de expansión.
Requena y Campoverde tienen su módulo; Yarinacocha, no.
Lo triste del caso es que las autoridades judiciales posteriores dejaron de lado este plan de desarrollo y ahora sufren el desborde de sus capacidades.

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