Reitero, nuevas elecciones presidenciales, pero con distinto árbitro
El martes pasado me referí a la necesidad de que de manera inmediata se ponga fin al fiasco y peligro cierto de grave daño al país y a los peruanos que significa este gobierno, que hace apenas unos días – el 8 de febrero en curso - ha juramentado a su cuarto gabinete en los siete meses que lleva de iniciado.
Demostrando que le es posible ir más allá de todo límite en baja calidad de los designados como ministros, el gabinete hoy es presidido por quien ya en el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos venía demostrando absoluta incontinencia verbal y falta de sindéresis, además de entuertos rayanos en delito como el de contar con parientes cercanos haciendo negocios con el Estado mientras él es ministro.
Ayer mismo, este sujeto tuvo el atrevimiento de convocar a conferencia de prensa para acusar al Congreso de la República de conspirar para dar un golpe de Estado, cuando está en vías de coordinar se le fije fecha para presentarse ante ese Poder del Estado para exponer y debatir la política general del Gobierno, y solicitar a continuación el voto de confianza, como ordena el artículo 130° de la Constitución. Es evidente que “caníbal” Torres se ha comprado el plan de los cabecillas del grupo que ha llevado al poder al falso rondero P. Castillo, de provocar la disolución del Parlamento como medio para conseguir el poder absoluto y hacer viable la herramienta chavista de una asamblea constituyente.
Esto, además de ministros vendedores de agua seudo milagrosa, tira basura y contratistas del lagarto Vizcarra y otros que no tienen mínima preparación y experiencia, sumado al cúmulo de casos de corrupción que comprometen al propio ocupante precario de Palacio de Gobierno y a la incertidumbre generada sobre la viabilidad económica del país, hace imperioso que el Congreso de la República se deje de tibiezas y asuma de una buena vez la gran responsabilidad que le toca de restablecer el equilibrio, orden y moralidad perdidos en los últimos meses, ya sea mediante la vacancia o la destitución de presidente y vicepresidenta de la República, que son caras de una misma moneda.
Eso sí, nuevas elecciones presidenciales suponen el cambio, también en manos del Congreso de la República, a través de la denuncia constitucional por delito cometido en ejercicio de su función, de quienes desde el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones favorecieron impúdicamente la llegada al poder de Castillo y compañía.
Es condición ineludible para no repetir el fraude.
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