Reformismo económico truncado por la inestabilidad política
El clima de zozobra y mediocridad política en que nos ha sumido desde julio del 2018 la gestión de Martín Vizcarra ha hecho que toda discusión pública se centre en un ataque y defensa entre el Ejecutivo y Legislativo, donde la preocupación ha ido por temas electorales y una pretensión de reforma judicial que ha fracasado, a la cual este año se le ha adicionado un intento de adelantar elecciones para un año antes del término del mandato que correspondía a este gobierno.
Los adeptos mediáticos del señor Vizcarra con galimatías pretenden hacernos creer que no habrá afectación en la economía, soslayando que existe hace mucho tiempo la necesidad de reformas sectoriales para intensificar la inversión y que la gestión empresarial centre sus esfuerzos en la eficiencia y la competitividad.
Para ser concretos, mencionaré algunos ejemplos más que elocuentes: actualización de la normativa del sector electricidad, que se ha visto cuestionada por un escenario de exceso efímero de capacidad de oferta; definición de cómo se gestionarán las energías renovables: por subastas o por participación en las operaciones de compra y venta bajo contrato con las distribuidoras de electricidad y clientes; definición de una tasa de descuento para el cálculo tarifario de los servicios regulados del sector electricidad y redes de distribución de gas natural por ductos; promulgación de una nueva ley orgánica de hidrocarburos; establecimiento de normas severas para erradicar la deforestación, causante del 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el Perú. Esta es un short list, que fácilmente se puede alargar.
Por el descrédito que se ha ganado a pulso el Ejecutivo en su conjunto por taimado, el caso de la capitulación en Arequipa ha sido el súmmum por incompetente, y por la suspicacia de la honestidad de muchas de sus decisiones, que van a contracorriente de la prédica de moralidad y, lo que es peor, sin propósito de enmienda.
Tendremos que esperar un nuevo gobierno, que no sabemos si se dará en el 2020 o 2021, para debatir y definir la larga lista de pendientes en el área de las reformas sectoriales en el terreno económico, necesarias para estar a la par de un país que aspira ingresar a la OCDE.
