Reforma y reorganización urgente del Ministerio Público

El sistema de justicia en el Perú ha sufrido múltiples distorsiones a lo largo de nuestra historia republicana. Desde una justicia instrumentalizada en favor de la plutocracia; justicia aquella que persiguió al Apra fundacional por ejemplo, intervenida la misma por dictadores militares, hasta los tiempos más recientes con un vergonzoso episodio fujimori-montesinista representado icónicamente por Blanca Nélida Colán. Todos los proyectos ajenos a la democracia y a la justicia social requieren de un gran control sobre fiscales y jueces, usándolos para perseguir a sus adversarios.

En estos últimos años hemos asistido a un nuevo capítulo degradante de nuestro sistema de justicia en general pero del Ministerio Público en particular. Los grandes impulsores de este reciente desastre han sido los integrantes de la coalición vizcarrista (amigotes/cómplices como Zoraida del expresidente más el sector de la izquierda elitista limeña).

Ellos emprendieron la tarea de limpiar de la Fiscalía a aquellos que consideraban sus enemigos y escollos para la toma del poder total en el Ministerio Público, es decir Pedro Gonzalo Chávarry y Tomás Gálvez, dos de los fiscales supremos que han sido apartados de sus cargos por la Junta Nacional de Justicia (órgano creado en pleno apogeo del vizcarrismo) en procesos disciplinarios enrarecidos; favoreciendo de esta manera a la alianza de los otros dos fiscales supremos Zoraida Ávalos y de Pablo Sánchez.

La primera, el alfil y protectora de Vizcarra y el segundo el representante y amigo de la izquierda de café que se organiza alrededor de oenegés más que de partidos políticos. A los cuales Sánchez es evidente que les pasaba información privilegiada. Hoy lo que vivimos es un suerte de pugna entre estos dos antiguos aliados por quedarse con la totalidad del botín.

Ya había señales en las semanas finales del vizcarrato de animosidades entre los otrora aliados: el equipo especial Lava Jato (cercano a Pablo Sánchez) fue desautorizado por Zoraida Ávalos cuando Vela y Pérez quisieron presionar a Vizcarra sobre sus pendientes con la justicia. Hoy estas rencillas reaparecen de manera dura, incluyendo algunas voces que afirman que Ávalos es un miembro de los “Cuellos Blancos” y además evidenciando que al parecer fraguó documentos para poder ser fiscal supremo.

Ella debe salir del cargo, sin duda, pero el sector que apoya a Pablo Sánchez lo que busca es su salida para que Sánchez sea el nuevo fiscal de la Nación y hacer y deshacer a su antojo, sobre todo presionar a Castillo para obtener ministerios y consultorías para su beneficio.

El nivel de putrefacción del Ministerio Público es tal que la sola salida de Zoraida Ávalos no es solución. Pablo Sánchez también debe ser destituido y el Ministerio Público debe atravesar una reforma radical y una reorganización urgente.

Este debe ser un objetivo estratégico de la sociedad democrática y del Congreso, que antes que buscar metas mayúsculas debe arreglar el desastre en la Fiscalía, corregir el grave error que representa esta Junta Nacional de Justicia, nombrar los magistrados del Tribunal Constitucional y destituir a Salas Arenas del Jurado Nacional de Elecciones. Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez deben salir del Ministerio Público.

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