Reforma mata conspiración y abuso
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Fiscalía de la Nación operan como detonantes de inestabilidad política, tomando decisiones sesgadas que propician un adelanto de elecciones y ahuyentan las inversiones. Primero, el JNE, lejos de ser democrático, formaliza la candidatura de Antauro, ignorando su discriminación racial irracional. ¿Olvidaron su responsabilidad en el asesinato de policías en el Andahuaylazo? La visión sesgada de Salas Arenas, carente de ética e idoneidad, parece abrir el camino para unas elecciones amoldadas al etnocacerismo.
Durante septiembre y octubre, Salas Arenas, la exfiscal Patricia Benavides y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se unieron para que el Congreso no remueva a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Desde entonces, Salas Arenas sostenía que la JNE y la ONPE serían las siguientes. Los eventos recientes recaen en el Congreso, que tiene un proyecto de reforma constitucional prioritario, impulsado por Patricia Juárez, que prohíbe a personas con sentencias por delitos graves postular a cargos públicos. Este proyecto se basa en la idea de que quienes han violado las reglas de la democracia y del Código Penal no deben ocupar cargos de elección popular. De aprobarse con 87 votos, ¡adiós Antauro! No obstante, lo ideal es reformar la JNE y ONPE para prevenir su copamiento por individuos con intereses políticos nocivos.
El segundo caso, el Ministerio Público y el Poder Judicial. La Fiscalía de la Nación se vio envuelta en una guerra interna por el poder. Inspirados en películas y series como “Caracortada” y “Juego de Tronos”, las disputas públicas por los cargos más importantes fueron obscenas. El actual sistema permite la negociación de cargos y el manejo de casos clave, debilitando la integridad de la justicia en el país. El Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, tomó decisiones cuestionables, como reponer a la fiscal Barreto en la coordinación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción (Eficcop), a pesar de las acusaciones por conflicto de interés con el suspendido fiscal Rafael Vela, y ahora con Gorriti.
Desde 2018, con los audios de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, la competencia por estos cargos en el Poder Judicial y el Ministerio Público se ha vuelto abierta y mediática, llevando a la fragmentación y politización del sistema. Con más de 15 vocales supremos aspirando a presidir el Poder Judicial y una situación similar en el Ministerio Público para elegir al Fiscal de la Nación, es urgente una reforma estructural, no solo cambios superficiales. La precariedad presupuestal de estas entidades aumenta el deseo del corrupto por cometer chantajes y sobornos. Por tanto, una reforma debe contemplar: 1) reducir la concentración de poder aumentando el número de fiscales y jueces supremos, cambiando el sistema de votación, 2) mejorar el proceso de designación de cargos para asegurar calificación, despolitización e imparcialidad, y 3) repotenciar una Academia de Magistratura que ofrezca formación sólida y ética, en lugar de universidades privadas vinculadas a la política de sus dueños.
Esta reforma no debería originarse dentro de las mismas entidades, ya que forman parte del problema. Se requiere la participación ciudadana y el apoyo de la prensa para demandar mayor transparencia y responsabilidad, promoviendo un cambio de mentalidad en la sociedad peruana. Es prioritario pasar de ver la corrupción como algo “normal” a rechazarla en su totalidad, lo que podría marcar un hito que conduzca a destacar nuestra resistencia y capacidad de adaptación en un contexto muy complejo. Tanto la Fiscalía de la Nación como el Poder Judicial tienen el potencial de influir significativamente en la población urbana más pobre a largo plazo.
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