Reforma industrial en el ámbito de la construcción naval, un objeto nacional

La Marina de Guerra del Perú (MGP), a lo largo de su existencia republicana, siempre ha demostrado preocupación por mantener un poder naval capaz de actuar con éxito en su dominio marítimo para garantizar la paz y la integridad territorial. Por ello, desde los tiempos del Mariscal Castilla, se priorizó el mantenimiento y la construcción naval a través de la Factoría Naval de Bellavista.
Un siglo después, gracias a un gran visionario naval, el entonces Ministro de Marina, Almirante Roque Saldías, se crearon los Servicios Industriales de la Marina (SIMA) como una empresa estatal que pronto se convertiría en la pionera de la construcción naval de alto bordo en la región sudamericana, al lanzar al mar el petrolero BAP Zorritos (1956-1958). En la actualidad, y gracias al impulso de otro visionario, el Contralmirante Enrique Arnaéz Braschi –recientemente pasado al retiro–, la Marina y el SIMA han emprendido un ambicioso plan para la renovación de su flota, cuya vida útil está muy próxima a finalizar, teniendo como eje principal la reforma de la industria naval en nuestro país, apelando a la lógica del antiguo, pero siempre vigente, binomio seguridad/desarrollo.
Siendo que la industria local solo absorbe aproximadamente el 30 % de la inversión pública en industria naval, el Estado Mayor General de la Marina ha estimado una desafiante proyección: incrementar la referida inversión en un 70 % en un mediano o largo plazo (15-20 años). De cumplirse este pronóstico, muy bien calculado si se cumplen ciertos supuestos (todos ellos metas alcanzables de manera realista), el país no solo podrá construir, a mediano plazo, 23 buques militares: 6 buques multirol, 3 patrulleros oceánicos (OPV), 4 patrulleras marítimas, 4 buques auxiliares de litoral, 4 submarinos y 2 petroleros, sino que también, para mediados de la próxima década, podría estar en capacidad de exportar barcos de alto bordo (cargueros de diferentes tipos con tecnología de última generación), así como productos manufacturados requeridos para la industria naval. Esto tendrá un impacto muy positivo en el crecimiento de pequeñas y medianas empresas, con el consecuente incremento significativo de puestos de trabajo. Sin duda, la educación jugará un rol fundamental en este proyecto, al requerirse nuevas carreras profesionales y técnicas, incentivando con ello el talento humano nacional.
Desde el año 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas implementó una mesa ejecutiva para la implementación de la reforma de la industria nacional a través del fortalecimiento de la industria naval en Perú, en la que participan diversas entidades públicas, como la MGP y el SIMA, y privadas, como la SIN, ADEX, entre otras.
En el presente año, tras una licitación internacional, se firmó un contrato entre el SIMA y la compañía surcoreana Hyundai Heavy Industries (HHI), que será la empresa coproductora de este gran proyecto. El contrato marco, en esta primera fase, tiene tres lineamientos principales: construcción de buques multirol, patrulleros oceánicos y marítimos, así como buques logísticos; compensación industrial orientada a la construcción naval mediante la transferencia tecnológica al SIMA; y una inversión en el país de Hyundai por más de mil millones de dólares.
Lo dicho se enmarca dentro de la Política Nacional Marítima vigente desde el año 2018, que abarca diferentes áreas estratégicas, como son la seguridad marítima y la industria vinculada al Mar de Grau.
Uno de los principales retos que se presentan es establecer un eficiente plan de comunicación social que dé a conocer todas las bondades y beneficios que traerá consigo la reforma industrial al Perú. El objetivo debería ser convertirnos en una potencia marítima regional basada en la construcción naval, que también dé lugar a otras oportunidades para la inversión en productos manufacturados, como el cable de cobre clasificado, entre muchos otros, que podría incrementar la oferta exportable de nuestro país en las siguientes décadas.
Si bien es cierto que también puede ser atractivo para la inversión extranjera, tal vez sea una oportunidad para abandonar, o al menos reducir, la cultura rentista que aún persiste en el país, pese a tener más de 30 años con un exitoso modelo económico basado en la libre competencia.
Esta apuesta público-privada puede ser una guía para un futuro de triunfo para el Perú, que tanto lo requiere y merece. El camino está señalado.

Por Juan Carlos Llosa Pazos

*Contralmirante

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