¿Reforma de la Administración de Justicia?

Uno de los graves problemas peruanos es el de la administración de justicia. Por años, muchos letrados y también de los diferentes estamentos sociales y ciudadanos han expuesto claramente que es imprescindible reformarla para superar este servicio nacional y volverlo eficiente y sin dilaciones. Periodísticamente se ha expuesto clara y honestamente que el “Ministerio Público y Poder Judicial atraviesan su peor crisis de legitimidad, entre corrupción, politización e ineficiencia”; “Exigen modificar los mecanismos de designación de fiscales y jueces para evitar injerencia de partidos políticos”. Se ha expuesto que la “ciudadanía debe asumir un rol activo y exigir una justicia imparcial, transparente y libre de procesos oscuros” (sic). Destacan el clamor de “Una reforma judicial impostergable” (sic). Ello simplifica los múltiples problemas que la “agobian”. Sectores diferentes lo han expuesto y pedido que inmediatamente debe reorganizarse y promulgar nuevos códigos sustantivos y procesales que deben cumplirlos –sin excusas– fiscales y jueces de todos los niveles jerárquicos.
Los artículos 138.º, 139.º, 158.º y 159.º de la Constitución confieren al Poder Judicial y Ministerio Público las facultades de unidad, exclusividad, independencia y autonomía; sin embargo, ellas no deben “servir” de escudo a los magistrados fiscales o jueces –de todos los niveles jerárquicos– para impedir, mediante “pronunciamientos, opiniones, acuerdos y/o manifestaciones”, que el Poder Legislativo declare a dichas entidades públicas en estado de reorganización y que el Pleno del Congreso apruebe de inmediato normas (entre ellas, las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y Ministerio Público) y nuevos códigos sustantivos, sobre todo en lo penal, civil, laboral, contencioso-administrativas, constitucionales y también los códigos procesales, señalando plazos (no dilatorios) para todos los procesos en el Ministerio Público como del Poder Judicial, bajo la responsabilidad personal, administrativa y penal de los magistrados fiscales y/o jueces que, en las causas (expedientes) a su cargo, no cumplan con procesarlas dentro de los plazos establecidos.
También establecer normas para el nombramiento de fiscales y/o jueces, considerando que son servidores públicos. Que los denominados “órganos de control” estén integrados por especialistas en derecho que no sean ni hayan sido fiscales y/o jueces. Establecer medidas para que no se abuse (o sirva de escudo) de las facultades de unidad, exclusividad, independencia y autonomía de quienes administran justicia y el personal especialista y administrativo. Que, en la elección de los presidentes de la Corte Suprema y Superiores de todo el país, sea con obligatoria intervención de un representante de los Colegios de Abogados, electo en las elecciones de sus respectivos colegios.

Mira más contenidos en Facebook, X, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok y en nuestros canales de difusión de WhatsApp y de Telegram para recibir las noticias del momento.