Refinería Talara: un crimen social
Vivimos tiempos de gran desconcierto, falta de (o pésimo) liderazgo, hipocresía a flor de piel, falacias a toda hora, permanentes robos al Estado, etc. Una tristísima realidad que nadie podrá negar, por más que hagamos el esfuerzo de intentarlo para no caer en depresión colectiva. Al final del día, un país se comporta a la altura de miras que le establecen sus autoridades. Y si éstas carecen del necesario nivel para conducir a sus sociedades, entonces la gente actuará consecuentemente. En ese orden de ideas este país ha venido siendo gobernado desde 2011 por gobernantes descalificados. Como Humala y PPK. Inclusive este último renunció a la jefatura del Estado, dándole paso al accesitario, escurridizo y torpemente pendenciero Martín Vizcarra que gobierna a base de encuestas prefabricadas por un conglomerado mediático vendido a su gobierno, en retribución a los multimillonarios contratos de publicidad estatal aprobados por Palacio a cambio de recibir apoyo periodístico absoluto de aquella concentración de la prensa. Mayor irracionalidad que la que embarga a quienes conducen nuestros destinos no se puede pedir. Y la consecuencia de semejante barbaridad es que, desde 2011, el Perú se ha degradado moralmente como país; su gente ha regresado a alarmantes niveles de miseria; y el aura de nación emergente que mantuvimos desde los noventa hasta la primera década del 2000 sencillamente se ha desvanecido.
Ocurre que esos tres gobernantes –dos de ellos elegidos por un pueblo embobado por millonarias campañas electorales pagadas por la corrupción, y uno tercero accidental, improvisado, sucedáneo del renunciante Kuczynski– han ignorado olímpicamente que la génesis del caos en que se ha convertido el Perú es la falta de E-du-ca-ción. Bastó con que hubieran destinado US$ 6,000 millones para refundar el sistema educativo del Estado y para construir una infraestructura escolar adecuada a los tiempos. Pero no. Humala y Kuczynski –y por añadidura Vizcarra– prefirieron invertir esa mismísima cantidad de dinero –que dicho sea de paso no la tiene el Estado, por tanto proviene de préstamos concertados sabe Dios bajo qué condiciones y beneficiando a quiénes con comisiones millonarias– para construir una refinería en Talara que procese crudo de petróleo que no producimos, sino importamos. Por tanto hubiera sido muchísimo mejor importar directamente productos refinados, en vez de refinarlos acá a costos altísimos, sujetos a coimas alucinantes –como acostumbra hacer Petroperú–, y descapitalizando al Estado. Vale decir, impidiéndole que invierta aquellos mismos US$ 6,000 millones en el restablecimiento del sistema de enseñanza pública, para así volver a sembrar el Perú de generaciones de ciudadanos educados, productivos que permitan reconducir a la nación por la senda del crecimiento, el orden y la esperanza que alguna vez tuvo.
Esta tremenda insensatez –falta de patriotismo, más propiamente– de Humala, PPK y lo que le toque a Vizcarra, no deberá quedar impune. Farrearse US$ 6,000 millones en construir una refinería –que debió costar US$ 1,200 millones, aunque aun así seguiría siendo innecesaria– en vez de aplicar esa fortuna para organizar un sistema educativo público a niveles de las naciones más avanzadas, constituye evidentemente un crimen social perseguible bajo cualquier perspectiva.