Recuperemos la perspectiva
El feroz contraataque de los “indignados” por la “revelación” del preacuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht tiene dos aristas que es bueno analizar, para evitar ser parte de los tontos útiles de quienes buscan impedir el vómito negro de los cabecillas de la mafia brasileña, y seguir cobijados bajo el manto de la impunidad.
Primera arista del problema: la legitimidad de los responsables de la negociación de la colaboración eficaz. Para los “indignados”, el hecho de que el fiscal José Domingo Pérez y el procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, lideren esta negociación resulta poco menos que “insultante para el país”, porque son “inexpertos”, “incapaces” y “vendidos”.
Es bueno recordar que el poder de negociación de ambos personajes está respaldado por el marco legal existente, que delega a la Procuraduría General de la República como al Ministerio Público la designación de los negociadores. Los designados deben actuar sólo con los instrumentos legales de negociación que se les otorgue. Por lo tanto, su legitimidad estará siempre sometida a prueba, más aún si tienen que sustentar lo negociado ante la jueza María de los Ángeles Álvarez, del sistema anticorrupción del Poder Judicial. En suma, los designados no tendrían “carta libre” para negociar.
Segunda arista del problema: el cálculo de la reparación civil. Es la pólvora que llevan las balas de la ametralladora de los “indignados”. Así, los epítetos: “traidores a la patria“, “arrodillados a la mafia” –entre otra verborrea insultante que le lanzan al fiscal Pérez y al procurador Ramirez, por la “revelación” de “exiguas sumas de dinero” que tendrá que pagar Odebrecht–, se basan en el argumento anterior, es decir, tendrían “carta libre” para negociar.
Lo que no han reparado los “indignados” es que el único instrumento de negociación utilizado por el fiscal Pérez como por el procurador Ramírez es la Ley 30737, LEY QUE ASEGURA EL PAGO INMEDIATO DE LA REPARACIÓN CIVIL A FAVOR DEL ESTADO PERUANO EN CASOS DE CORRUPCIÓN Y DELITOS CONEXOS, aprobado por el actual Congreso de la República. Sin embargo, la mayoría congresal –donde se aglutinan la mayoría de “indignados”– aprobó la siguiente cláusula: “el Acuerdo de Colaboración Eficaz al que arribe el Ministerio Público con aprobación de los órganos judiciales puede eximir, suspender o reducir la aplicación de la presente ley”. Por ello, exhorto a no perder la perspectiva en el análisis de la negociación, porque de lo contrario, a la luz de lo “revelado” en la Ley 30737, preguntaría ¿quiénes serían los verdaderos “traidores a la patria” por permitir dar “carta libre” a fiscales y procuradores a la hora de negociar?
José Luis Patiño V.
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