Recuperar el principio de autoridad

La pérdida de valores y principios, las faltas al orden público, son el reflejo de una sociedad en decadencia. Las instituciones se muestran frágiles ante una ciudadanía que les ha perdido confianza. Estas son manifestaciones concretas de un Estado debilitado que no consigue empatizar con las necesidades de la población ni tiene la fuerza suficiente para exigirle el cumplimiento de sus deberes. Este escenario es perfecto para el caos y el conflicto social, los cuales resultan exacerbados cuando las leyes se pasan por alto sin temor a las consecuencias. La definición de autoridad tiene su origen en la Roma Antigua, representada en la función de conducción de gobierno en la civitas, donde la responsabilidad de la conducción del gobierno y la administración de la res pública era atribuida por la comunidad a una persona en concreto. Esto es lo que se conoció como auctoritas, valor proveniente del ámbito privado del seno familiar donde el pater familias asumía la conducción, lo que significaba determinación en los temas relevantes vinculados a la organización social. Es decir, la palabra autoridad implica responsabilidad, reconocimiento, pertenencia y conducción. No cualquiera la ejerce, solo aquel que es identificado como el líder y que en cumplimiento funcional ejerce el poder de autoridad. Ejercer la autoridad implica una serie de valores inherentes al liderazgo. La honestidad, el honor y la responsabilidad son características lógicas a la función de la autoridad. En consecuencia, discrepo con las posturas que reconocen en gobiernos autoritarios el principio de autoridad, pues su ejercicio implica respeto al ámbito privado del ejercicio de la libertad de los particulares. ¿La razón?: el principio de autoridad descansa en el Derecho; esta no puede ejercerse sin tener como base el ius imperium, pues este principio no es un poder desnudo, no podría serlo. Nuestra Constitución desarrolla el gobierno de las leyes con sentido de justicia y el respeto del ejercicio de la libertad en el ámbito privado. Despliega el principio de autoridad a lo largo de las competencias y funciones de los poderes del Estado autónomos e independientes, les reconoce legitimidad. En esa misma línea, señala el deber ciudadano de respetar las normas, cumplir deberes para con el Estado y la sociedad, pero no todos lo cumplen. Se pueden señalar diversos factores del porqué los ciudadanos, cada vez más, no valoran la fuerza de la ley ni la autoridad de las instituciones; entre ellos, la impunidad, la deshumanización del servicio público y la corrupción. Finalmente, recuperar el principio de autoridad no depende de leyes más restrictivas; en gran parte, depende de su efectivo cumplimiento en manos de autoridades que, investidos de tal poder, no se aprovechen del cargo, sino que honren la voluntad soberana que los eligió. El ejercicio de la función pública exige capacidad, eficiencia, pero sobre todo honestidad, probidad y transparencia. Las normas requieren ser oportunas, justas y afines a los bienes constitucionales bajo su ámbito de protección.

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