Rebelión en la granja

El caos generalizado que es hoy nuestro Estado alcanza cotas de espanto. Con todo desparpajo, por citar apenas un ejemplo, los jueces y fiscales se colocan fuera de la ley aplicando exclusivamente las normas que a ellos les parece. Concretamente, aquellas que les conviene aplicar. Quiebran así impunemente la Constitución que ordena que el Congreso de la República es el único poder estatal autorizado para aprobar leyes, y que los demás organismos estatales, igual que el ciudadano, están obligados a cumplirlas desde el día siguiente de su publicación. Mal ejemplo que hoy dan ciertos jueces al ciudadano, retroalimentando la informalidad y alentando la anomia reinante en esta nación. Los jueces delinquen constitucionalmente cuando ignoran las leyes del país, por más que estas no sean de su agrado. Ejemplos: las que defienden a los ciudadanos que han luchado contra el terrorismo, o aquella que devuelve a la Policía Nacional el rol de llevar a cabo las investigaciones criminales preliminares, bajo la dirección del Ministerio Público.
Según información aparecida en EXPRESO, otra rebelión en la granja la encabeza la fiscal Katharine Borrero, presidenta de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima. Ella, con el mayor desparpajo, dice que los fiscales “no acatarán la norma que incluye a la Policía Nacional en la investigación preliminar de todo delito denunciado ante una comisaría. Los fiscales hemos acordado mantener aquellas atribuciones contenidas en el artículo 159 inciso 4 de la Constitución Política del Perú”. Pero el artículo que cita manifiesta, precisamente, otra cosa. Determina que “el Ministerio Público dirige las investigaciones desde el principio y dispone las acciones a realizar por la PNP”. Lo que ha hecho el poder Legislativo —por si no lo ha advertido la fiscal Borrero— es devolverle a la Policía Nacional el rol que siempre tuvo: investigar el crimen. ¡Hasta que algún iluminado propuso quitarle aquella función a la institución policial! Como fuere, el Congreso tiene el monopolio en el trámite y aprobación de las leyes de la República, por si no estudió esa parte de la Constitución doña Borrero. Incluso, en caso considere que el Legislativo se equivocó, tiene abiertas las puertas del Tribunal Constitucional para quejarse. ¡Pero rebelarse contra el poder constituido coloca a Borrero fuera de la Constitución y la ley! Algo parecido sucede con otro conjunto de leyes recientemente aprobadas por el Congreso. A raíz de ello, la Fiscalía nuevamente entró en rebeldía. Hablamos, entre otras, de la ley que penaliza a los jueces y fiscales que liberen a delincuentes capturados en flagrancia por la Policía Nacional. Esta rebelión en la granja —liberar a delincuentes capturados en flagrancia por la Policía— quiebra la majestad del Estado y allana el camino al crimen, permitiendo que al fulano que asesine a alguien ¡no le pase nada! Porque, en opinión de estos magistrados rebeldes, si un juez libera al autor de un crimen capturado en flagrancia, la Justicia no podrá condenarlo porque el fallo devendría en inválido. ¡Conclusión forzada e inconstitucional! ¡Porque el Congreso legisla y los jueces juzgan, dicta nuestra Constitución! Punto final.

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