¿Razia en la Defensoría del Pueblo?
La Defensoría del Pueblo es una de las poquísimas instituciones que de forma sostenida goza de gran aceptación en el país desde que entrara en funciones allá por 1996 teniendo como su primer Defensor al extinto Jorge Santistevan. Así lo señalan las encuestas de opinión a lo largo de estos 27 años que la perciben como una entidad diligente en la defensa de los derechos fundamentales de las personas y la imparcialidad demostrada al fiscalizar a otras entidades en las denuncias que se presentan ante sus fueros, lo que da cuenta de su autonomía.
Lamentablemente de un tiempo a esta parte una seguidilla de eventos viene colocándola en el ojo de la tormenta, empieza a sentirse un poco el desgaste de su imagen, y no por factores externos, sino internos, que de no enmendar rumbo o propiamente en este caso, dejar de hacer cosas que puedan interpretarse como el debilitamiento de una entidad que además de percibirse eficiente, se le tiene por compuesta de funcionarios idóneos, personas de probada experiencia profesional y de un alto compromiso con la rectoría de la Defensoría en la protección de los Derechos Humanos, los cargos dentro de su administración han venido siendo ocupados por personas de comprobada especialidad apartadas de la política que pudiera obnubilar su trabajo, lo cual ha sido y es una de sus fortalezas.
Trasciende una especie de razia en este Organismo Constitucional, retirándose de los órganos de línea que son las Adjuntías a personas con valiosos años de experiencia, ¿para ser reemplazados por quiénes? Haría bien SERVIR y la Contraloría General en echarse a ver los perfiles de las personas que se vienen contratando en la era Gutiérrez, es necesario prevenir que esta institución de gran respeto ciudadano se pudiera presentarse otra suerte de repartija como las que vimos durante el nefasto gobierno de Pedro Castillo, bajo prisión preventiva por golpista.
Dicho esto, en lo que corresponde al nombramiento de la abogada Elizabeth Zea como adjunta defensorial, confío en su desempeño por varios años como directora del Instituto en Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad de San Martín de Porres, además de catedrática en Derecho Constitucional, todo lo que habrá de servirle en el ejercicio de las altas responsabilidades que acaba de asumir.
Pero del resto de funcionarios se pide a la prensa de investigación y entes fiscalizadores estar atentos a las movidas al interior de la Defensoría del Pueblo, el daño a la institucionalidad puede ser fatal y eso abona en favor de los discursos de los antisistemas, de los anarquistas. Son 27 años de una Defensoría sólida y autónoma, cuidémosla.
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