¿Quién podrá defendernos?

Dicen los economistas que en la presente coyuntura mundial los países de ingresos medios van a crecer entre 3 y 4% al año. El FMI prevé que el Perú llegará a 3.5% en 2019. En una situación de esta naturaleza, todos deberíamos pensar en cómo hacer para retomar el ritmo que nos permita desligarnos de la amenaza de la pobreza y el estancamiento. Por supuesto, correspondería que el Estado limpie los obstáculos que ha impuesto al sector productivo.

El Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) ha venido advirtiendo hace años que nuestros vecinos Chile y Ecuador, que tienen una diversidad biológica y una productividad en su mar mucho menores que la nuestra, exportan entre cuatro y cinco veces más que la industria peruana del rubro, y son mucho menos dependientes de las importaciones pesqueras que el Perú.

Hace falta, pues, que definamos si interesa que la pesca y acuicultura para consumo humano sean realmente motores de nuestra economía y del empleo, o si las declaratorias de importancia estratégica e interés nacional de las que han sido objeto son solamente papeles cuya tinta se va borrando con el tiempo.

El propio Comité de la SNI pidió desde 2011 que el gobierno verificara cifras y encontrara las razones de este absurdo abismo. No fue posible. Entonces el sector privado visitó a nuestros vecinos y comprobó que, por ejemplo, en Ecuador existe un sistema de Clasificación de Plantas de acuerdo al desempeño sanitario, que permite a los que están habilitados no tener que  certificar sus productos, realizando ensayos por cada lote, ya que toda la cadena de producción está inspeccionada por la autoridad. Por ello, en el país del norte se consigue la  certificación sanitaria en un máximo de 24 horas y cuesta 25 dólares. A nosotros nos demora al menos 20 días –con los altos costos que esto implica- y cuesta 600 dólares por lote. Siempre se nos dijo que nuestros plazos y costos se debían a una exigencia de la autoridad sanitaria de Europa, que es nuestro principal cliente. Sin embargo, comprobamos que el sistema de Ecuador está aprobado por la Unión Europea desde 2007 y acaban de pasar una auditoria satisfactoria.

En un mercado global que permite márgenes cada vez menores, esta carga nos saca de competencia. Adicionalmente, a ellos no se les pide ensayos de contaminantes por especie y en el mar, como se hace en el país a pesar de nuestros constantes reclamos. Desde luego que nuestros vecinos no permiten la competencia desleal de productos pesqueros de otras latitudes, ni sus Estados compran conservas contaminadas de otras regiones del mundo. ¿Por qué no se puede hacer esto en el Perú de inmediato?

No es el propósito de esta columna generar señalamientos o reproches a las administraciones pasadas o a la presente. Eso no resuelve el problema que enfrentamos, ni eliminaría el peligro de colapso en que vive la industria pesquera. Proponemos tomar acciones de urgencia con la premura que amerita. Si no lo hacen las autoridades de hoy, ¿quién podrá defendernos?

Alfonso Miranda Eyzaguirre  - Ex viceministro de Pesquería.