¿Quién acabará controlando el TC?
Ahora esta clarísimo. Vizcarra necesitaba clausurar el poder Legislativo ANTES que el Parlamento eligiese a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. El cuento de la urgencia por convocar a elecciones generales –Legislativa y Presidencial– era eso. Un cuento. La verdadera razón era evitar que el Congreso, de mayoría anticomunista, se abocase a designar a los tribunos que deben sustituir a seis de los siete miembros del actual Tribunal Constitucional (TC), cuyo plazo para ejercer ha vencido hace varios meses. Es de público conocimiento que cuatro de los siete magistrados del actual TC transpiran sulfuro socialista. Incluso ya no tienen el menor empacho en proclamar sus preferencias por Vizcarra y sus fobias contra el Apra y Fuerza Popular.
Vale decir, la mayoría de quienes conforman la máxima autoridad nacional en materia de resguardo de nuestra ley de leyes, también conocida como La Constitución, coquetea con el ala socialista; y además explícitamente se define antiaprista y antifujimorista, sin respeto por las formas que, en materia jurídico-constitucional, lo son todo. Pero por otro lado, asimismo se proclama golpista, privilegiando la materia de la constitucionalidad sobre la de inconstitucionalidad en cuanto a la clausura del poder Legislativo perpetrada por el golpista Vizcarra, sin siquiera haber visto la causa. Con lo cual, al haber adelantado públicamente opinión -violentando su personalísima función como integrantes del TC (nos referimos a la obligación de preservar, de manera escrupulosa, la Carta Magna)- estos tribunos han quedado ya descalificados para pronunciarse sobre dicha materia.
Volvamos a Vizcarra. El golpe de Estado que consumó este 30 de septiembre estuvo mucho más planificado de lo que se sabe. La progresía marxista, a la que pertenece, era claramente consciente de que su plan para orquestar una Asamblea Constituyente -al estilo chavista- chocaba con un Parlamento conformado por una mayoría contraria al socialismo sudaca venezolano, cubano o, más propiamente, bolivariano. Entonces era urgente deshacerse de él mediante una sistemática campaña de desprestigio para crear el descontento –finalmente indignación- del populorum contra el Legislativo. Para ello necesitaba una prensa genuflexa. Vizcarra supo que los llamados grandes medios de comunicación están ad portas de la quiebra. En consecuencia los compró con el multimillonario presupuesto estatal de la publicidad gobiernista. Inclusive con formas más sutiles –no por ello menos corruptas- que las usadas por Montesinos, apelando a despilfarrar el dinero fiscal como moneda de cambio para comprar la línea editorial de los medios venales mediante contratos de avisaje estatal.
Conseguido ello, Vizcarra estaría convencido de contar con cuatro de siete magistrados del TC. Pero al ver que reaccionaba el Parlamento -retomando el proceso de selección de los tribunos que frustrara Salaverry en connivencia con Vizcarra- decidió producir el golpe contra viento y marea. Por mayoría, el actual TC respalda la quiebra constitucional perpetrada por Vizcarra, en la medida que desconoce el legítimo nombramiento del magistrado Gonzalo Ortiz de Zevallos como miembro pleno del TC. La batalla legal es inminente. Vizcarra cuenta con cuatro tribunos con plazo vencido. El Congreso debe removerlos. ¿Cómo? ¡Lo sabremos más temprano que tarde!
