¡Que se vayan Pérez y Vela!
Hay que decirlo sin miedo: la permanencia de los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez en el Equipo Especial Lava Jato es insostenible.
Gracias a que este par no incluyó en el lesivo acuerdo de colaboración eficaz una cláusula que evite que Odebrecht nos siga robando con demandas internacionales, la corrupta constructora ha interpuesto una acusación ante el CIADI en contra del Estado Peruano, a fin de recuperar 1,200 millones de dólares invertidos en el Gasoducto del Sur. La compañía de las coimas aduce con desparpajo que necesita ese dinero para pagarle a sus acreedores. Lo mismo argumentó para hacerse de los 524 millones de soles de la venta de la central hidroeléctrica de Chaglla. Dijo que ese monto serviría para pagarle a la empresa GR Compliance, la misma que se encargaría de descifrar los servidores Drousys y My Web Day. GR Compliance, sin embargo, no ha podido desencriptar My Web Day. A pesar de que Vela Barba salga en sus medios amigos a aseverar que Odebrecht ha admitido delitos en la licitación del Gasoducto, lo cierto es que la firma carioca descarta cualquier tipo de acto de corrupción en dicho proyecto. Así está precisado en el documento del Ministerio de Economía y Finanzas donde se afirma que el Estado se defenderá frente a la demanda en el CIADI. De ser cierto lo que declara el jefe del Equipo Especial Lava Jato, ¿acaso creen que la constructora brasileña hubiera presentado una demanda internacional? ¡La perdería de inmediato! Por eso es que la firma corrupta no va a aceptar que hubo corrupción en la concesión del Gasoducto, dejando así los 3 millones de dólares entregados en efectivo a los Humala-Heredia como simples aportes irregulares de campaña.
Vela y Pérez tampoco informaron que Odebrecht, a través de sus abogados, está poniendo trabas para que llegue la información original de los servidores Drousys y My Web Day desde Suiza, tal como reveló el portal Convoca. ¿Y por qué los delincuentes brasileños quieren evitar que accedamos a estos softwares? Más allá de que pretenden seguir entregando la información que les conviene, los servidores registran pagos ilegales por el Gasoducto. Recordemos que La Posta de Ecuador reveló que había registros en estos sistemas de más de 3 millones de dólares (¿se les hace conocido este monto?) en el proyecto gasífero. Si el Perú conoce de la totalidad de los desembolsos ilegales por el GSP, Odebrecht ya no tendría nada que hacer en el CIADI.
Yo no creo que estos fiscales hayan sido coimeados por la compañía carioca, sino que, embriagados de tanto poder otorgado por el cartel mediático, fungen de tontos útiles -y hasta parecen abogados- de Odebrecht. Así, pues, urge una renovación en el Equipo Especial Lava Jato, para buscar otras fuentes de información (los consorciados, por ejemplo) y no depender exclusivamente de lo que quieran contar Jorge Barata y compañía. ¿Acaso el fiscal Chirre no logró una condena en contra de César Álvarez sin necesidad de este vil convenio de colaboración? El éxito de un fiscal se mide por las condenas que logra a partir de investigaciones bien realizadas y no en las prisiones preventivas que solo sirven para ganar aplausos efímeros de las tribunas.
