¿Qué se propone la Comisión Permanente?

La Comisión Permanente del Congreso aprobó la designación de los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para el periodo 2022-2023, ahora son 25, antes eran 16; la conforman también los miembros de la Mesa Directiva, es decir, serán juez y parte de las acusaciones constitucionales que están… durmiendo el sueño de los justos.

Tras su instalación tendrá que abordar los temas que han quedado injustificadamente pendientes, infringiendo los plazos estipulados en el artículo 89 del Reglamento del Congreso. El primero es la exposición del informe final del congresista de Acción Popular, Wilson Soto, quien ha recomendado denunciar por el delito de traición a la patria al presidente Castillo por su declaración de otorgarle una salida al mar a Bolivia.

El caso de la vicepresidenta Dina Boluarte, en donde el pasado 1 de agosto, ratificaron al congresista Édgar Reymundo como el encargado de realizar el informe de calificación sobre si procedía o no acusarla. La congresista Norma Yarrow de Avanza País había solicitado el cambio del congresista debido a que pertenece a la bancada aliada del Gobierno.

El secretario general de Acción Popular Edmundo del Águila (pintado en la pared) anunció que el partido “decidió expulsar a seis congresistas”, tras ser sindicados en presuntos actos de corrupción con el presidente Castillo.

En el caso del congresista por Áncash, Darwin Espinoza Vargas, este afirma que no se reunió con la colaboradora eficaz Karelim López y aclaró que la empresaria no lo habría nombrado directamente como involucrado. Sin embargo, la Sala Suprema Penal Permanente de la

Corte Suprema confirmó el impedimento de salida del país por nueve meses para el congresista, quien viene siendo investigado por la Fiscalía por haber integrado el denominado grupo “Los Niños” según la versión dada por López; el tribunal supremo declaró “por unanimidad infundada” la apelación que presentó el legislador, el pasado 13 de julio, contra la resolución dictada en primera instancia por el juez supremo Juan Checkley.

Según la resolución emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa (Áncash), el legislador tiene una sentencia por el delito de difamación agravada en contra del excongresista de Acción Popular, Otto Guibovich, además la resolución resuelve que deberá cumplir reglas de conducta y pagar una reparación civil de S/20 mil. Con estos antecedentes fue ungido miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 20, numeral d del Reglamento del Congreso, “está prohibido de integrar la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cuando se encuentren comprendidos en procesos penales”.

El congresista también de Acción Popular, Jorge Flores Ancachi, tiene impedimento de salida del país por la presunta comisión del delito del tráfico de influencias agravado y el congresista Valer Pinto de Perú Democrático tiene una requisitoria por el delito contra los recursos naturales y el medio ambiente – contaminación ambiental.

Sin embargo, nadie se dio cuenta y los congresistas aceptaron, permitieron y votaron para que los tres congresistas investigados conformen la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, las infracciones al Reglamento son claras, así como lo señalado en la Constitución Política, salvo que quieran blindar a Castillo y Boluarte.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram, y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.