¡Qué país, señores, qué país!

El problema sigue siendo el mismo: nuestras autoridades carecen de coherencia, inteligencia y sapiencia. Esta espantosa realidad debemos asumirla como colectividad, dado que los responsables del esperpento jamás han sido juzgados ni condenados por el perjuicio que han infligido a nuestro país. En concreto, de un tiempo a esta parte, el Perú sigue siendo gobernado por pandillas de pícaros, infracultos, mediocres, falsarios y sinvergüenzas que, inescrupulosamente, nos han conducido a tal estado de calamidad que será muy difícil salir de allí, o acaso imposible redireccionarlo hacia el escenario de paz y progreso que tuvo, hasta que la izquierda tomó el poder en 2011, eligiendo como mandatario a un inepto comandante militar ahora imputado por corrupción, llamado Ollanta Humala Tasso.
El Perú ha perdido la brújula que lo guió en sus escasos buenos tiempos de concordia y, consecuentemente, de desarrollo socioeconómico, eligiendo sistemáticamente —durante dos décadas— a mandatarios venales y a legisladores ágrafos, responsables de destruir gran parte del progreso que había alcanzado el Estado; consecuentemente, se ha perdido gran parte del desarrollo acumulado.
Pero, como señalamos al inicio de este comentario, el problema no solo no se ha solucionado, sino que apenas se detuvo en el lustro correspondiente a la segunda gestión de Alan García. La situación permanece, agravándose exponencialmente. No es un secreto que, de un tiempo a esta parte, la Justicia (entiéndase el Poder Judicial, Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia) está secuestrada por la mafia caviar, absolutamente exógena al mandato popular, traducido en unos comicios generales donde se elige a las autoridades que conducirán el Estado, según la voluntad de la ciudadanía reflejada en los representantes más votados para ejercer en los poderes Ejecutivo y Legislativo, únicas autoridades habilitadas para formular leyes.
Lamentablemente, la descomposición intelectual y la consecuente radicalización política de la sociedad hacen que nuestras autoridades se alejen del centro político y radicalicen sus conductas hacia posiciones extremas, que tanto perjuicio causan a los países en desarrollo. Venimos denunciando que el sistema de justicia nacional se ha radicalizado hacia las posiciones extremas de quienes ocupan el Ministerio Público, personas lideradas por un individuo absolutamente ajeno al Estado peruano, jamás electo por la población, llamado Gustavo Gorriti, quien, tras bambalinas, es quien hoy está a cargo de influir sobre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia. Bajo ningún concepto esto es admisible en una democracia. Consecuentemente, hoy no existe justicia en nuestra nación.
Para muestra un botón: el Congreso, electo por este pueblo —políticamente incalificable—, ha rechazado un dictamen presentado por la Comisión de Defensa para sancionar a jueces y fiscales que autoricen la liberación de delincuentes capturados en flagrancia. Esta sería una falta grave o muy grave en cualquier país democrático, una vez que la Policía haya detenido en flagrancia a un ciudadano cometiendo un crimen.
Con justa razón, la congresista Adriana Tudela considera que esta situación fomenta el crimen. Esa absoluta falta de sindéresis de los parlamentarios repercute directamente en perjuicio de la sociedad y favorece, sin la menor duda, el crecimiento exponencial del crimen. Sin embargo, la iniciativa fue archivada. ¡Qué país!

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