Que los «juzgadores» de Toledo no dilaten su «juzgamiento»
El expresidente Alejandro Toledo, luego de cinco años de duración de su proceso de extradición de EE.UU., ya está siendo procesado acusado ahora solamente por recibir una coima de US$ 35 millones de la constructora brasileña Odebrecht para “beneficiarla” adjudicándole la obra de la carretera Interoceánica, tramos 2 y 3.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, el 17/04/2023 programó el control de la acusación de la investigación seguida contra el expresidente Alejandro Toledo y otros implicados en el caso Interoceánica y analizó la correspondiente acusación. A partir de dicho momento y acto procesal penal han transcurrido años y se supone que en este año (2023) debe expedirse sentencia antes que venzan los 18 meses de prisión preventiva.
Se supone que el Ministerio Público, que ha tenido (y manejado) las investigaciones desde mucho tiempo antes del 28/12/2017, en que pidió la extradición de Alejandro Toledo Manrique, obviamente para pedirlo tenía que contar y tener todas (absolutamente todas) las pruebas fehacientes e indubitables de los delitos que cometió el “cholo sagrado” y por ello el juez Richard Concepción Carhuancho adoptó el requerimiento de la extradición y el 19/02/2018 elevó el cuaderno de extradición a la Corte Suprema y ésta el 13/03/2018 la aprobó.
Más aún, luego de estas fechas y hasta que Toledo es entregado al Perú, los fiscales han tenido tiempo más que suficiente para organizar los documentos de prueba de los delitos que le han imputado. A su vez en el Poder Judicial, ante la importancia pública del caso, han debido organizar el proceso para no caer en “las jugadas” de los acusados y/o sus recursos dilatorios.
La sociedad nacional nunca ha aprobado las dilaciones con que los administradores de justicia demoran, no meses sino años, para procesar a los delincuentes. Los magistrados, fiscales y jueces de todas las instancias deben asumir su responsabilidad como juzgadores y no permitir personas que, siendo presidentes, ministros y/o funcionarios, han usado sus cargos para corromperse.
El caso de Alejandro Toledo virtualmente es el primero en que el Poder Judicial puede sentenciar entre los corruptos indicados. La ciudadanía observa con preocupación que los otros expresidentes, ministros y/o funcionarios también investigados y/o procesados por corrupción, hasta la fecha, no son sentenciados pese al prolongado tiempo transcurrido. ¡Basta de decir: “la carga procesal”!
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