¿Qué espera el Congreso?

Considero que a estas alturas, no queda duda alguna de que el gobierno, sea dirigido por P. Castillo, V. Cerrón o algún grupo de asesores peruanos y extranjeros, tiene trazado un plan definido para debilitar y neutralizar al Congreso de la República, poder del Estado llamado a hacer contrapeso al Poder Ejecutivo y que, por previsión de la Constitución Política, tiene exclusividad en la decisión de toda reforma constitucional, no importa de dónde provenga la iniciativa, si de los otros poderes, instituciones públicas autónomas, gobiernos regionales y locales, colegios profesionales o la ciudadanía.

Es parte de ese plan la acusación de golpistas a dos vicepresidentas del Congreso y miembros de media docena de bancadas, por una reunión llevada a cabo a mediodía, en un establecimiento abierto al público, en la que, evidentemente, es imposible obviar temas políticos y dentro de ellos la precariedad e insostenibilidad del gobierno a partir de su inexcusable falta de calidad, eficiencia y, peor aún, problemas de corrupción.

Igualmente lo es que sea el presidente del Consejo de Ministros quien dispare ese dardo envenenado, en circunstancias en que el Congreso aún no ha recibido al cuarto gabinete en siete meses de gobierno, para conocer y debatir la política general del mismo y decidir si es o no merecedor de confianza. El ardid de simular recoger tan burda acusación, resultó solo un engaño pues una integrante del mismo gabinete y la bancada oficialista presentaron y mantienen denuncia constitucional y moción de censura por el supuesto golpismo.

A lo anterior se agrega el fracasado, pero real, intento de acosar y generar riesgo cierto de violencia contra el Poder Legislativo, trayendo a Lima, desde muchos lugares del interior, con transporte, estadía y alimentos pagados por los comités provinciales del partido del lápiz, a centenares de personas alentadas a blandir la especie del cierre de ese poder estatal, desplante absolutamente antidemocrático ya que, como tengo señalado, en el Congreso de la República, la totalidad de sus miembros -130 congresistas- son elegidos por voto popular directo, mientras que en el Poder Ejecutivo, máximo 3 de sus más altos funcionarios (presidente y vicepresidentes de la República) provienen de decisión popular, mientras que el resto es designado a dedo. La ONPE tendrá que informar a la ciudadanía sobre la fiscalización debida a tamaño despliegue de fondos partidarios por Perú Libre.

Traicionaría al país, a la Constitución y a los peruanos si el Congreso de la República no se hace cargo de la situación y defiende su propia vigencia.

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