¡Publiquen el fallo del habeas data!

Empecemos por la realidad. Los fiscales Rafael Vela y José Pérez han fracasado. Las diferentes modalidades que han empleado –y siguen usándolas– para hacerlo han sido descubiertas por la prensa libre. Y van desde aplicar incorrectamente las leyes, hasta ampararse en un artilugio creado por ellos para investigar, a su manera (es decir, en absoluto sigilo y presumiblemente al margen de la ley), los crímenes perpetrados por la constructora brasileña que estafara al Perú, robándose miles de millones de dólares bajo variadas modalidades. ¡Todas de carácter criminal! Este artificio mañosamente lo bautizaron ambos fiscaletes como un “Acuerdo Secreto de Colaboración Eficaz”. Y amparados bajo esta fraudulenta denominación, Rafael Ernesto Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez han hecho y deshecho, operando en secreto durante siete larguísimos años. Todo esto para acabar beneficiando a Odebrecht y a su socio, José Graña Miró Quesada, junto con un cartel de empresas constructoras venales que disfrutaron de ese asalto que les permitió robar miles de millones de dólares al Estado peruano. Aparte de incalculables daños colaterales –inclusive perjuicios morales y sociales–derivados de semejante expolio que sigue soportando nuestra sociedad.
Durante casi una década, Vela Barba y Pérez Gómez disfrutaron de una condición de héroes nacionales, como les trataba aquella prensa canalla peruana liderada por El Comercio. El socio principal de El Comercio era, a su vez, accionista mayoritario de Graña y Montero, la constructora peruana asociada a la cleptómana Odebrecht.
EXPRESO ha batallado permanentemente, severamente exigiendo al Estado peruano que haga lo indecible por castigar este atentado contra el patrimonio de treinta y tres millones de peruanos. Sin embargo, la principal y radical opositora para que el país conozca la realidad de semejante atentado contra su Tesoro Público ha sido y aún sigue siendo la Fiscalía de la Nación, convertida en defensora acérrima de aquellos criminales que asaltaron el Estado, cobijados tras un manto de pureza y secretismo. Odebrecht actuaba como una noble contratista/constructora, que ayudaría al Perú desarrollando obras colosales, a cambio –se suponía– de honorarios acordes con la realidad que cobraba en otros países. ¡Pero fuimos engañados por esa constructora brasileña y por sus socios peruanos! ¡Al extremo de que nos robaron veinte mil millones de dólares y corrompieron a todo nuestro Estado, sobornando a cinco presidentes y a muchísimos ministros, congresistas y funcionarios de nuestra burocracia!
No obstante, el acuerdo de marras permanece –y seguirá siendo– secreto, mientras se desconozca el fallo del Tribunal Constitucional sobre el habeas data planteado por el reconocido empresario de medios de comunicación, Phillip Butters. Es, pues, evidente la necesidad de que el máximo fuero que supervisa nuestra Carta Magna publique su sentencia favorable, considerando no solo el inconmensurable perjuicio económico que ha sufrido nuestro Estado, sino también subsanando el colosal daño moral que sigue soportando nuestra maltratada sociedad.
La Fiscalía ya entregó al juez el acuerdo secreto firmado entre Vela Barba, Pérez Gómez y Odebrecht; y el Tribunal Constitucional ya ha votado sobre este caso de habeas data. Faltaría publicarlo. ¡Háganlo! ¡No impacienten más al ciudadano, señores tribunos!

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