A propósito de la cuestión de confianza ministerial
La última decisión del Congreso, mediante la cual las dos bancadas mayoritarias que cogobiernan con el Poder Ejecutivo le otorgaron el voto de confianza al recientemente juramentado Consejo de Ministros, ha dado lugar a una serie de comentarios de analistas políticos que critican la forma cómo se logró tal otorgamiento de confianza, calificando la conducta de los legisladores como una actitud “cómplice” de todos los desaciertos que se vienen produciendo en la toma de decisiones en la administración del Estado.
Sin pretender dar la razón o no a quienes critican la decisión congresal, lo cierto es que lo previsto en el artículo 130 de nuestra Constitución vigente, cuando señala que “Dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el Presidente del Consejo concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza”, es un mecanismo de control entre poderes, que constituye ser de especial importancia para la consecución de acciones gubernamentales orientadas a encontrar soluciones para enfrentar los innumerables problemas que aquejan a nuestro conglomerado social.
Cuando el constituyente elaboró el dispositivo constitucional antes indicado, previendo que la presentación del jefe del gabinete ministerial ante la representación parlamentaria no terminaba únicamente con el debate de las propuestas presentadas, sino que requería el voto de los congresistas para confirmar al nuevo gabinete, lo hizo con la seguridad de que “ese voto de confianza” no era una especie de carta blanca para que el nuevo Consejo de Ministros produjera cualquier decisión sin estar sometido al control político del Poder Legislativo.
Pues lo que hay que destacar, y poco se dice al respecto, es que “el voto de confianza congresal” es un implícito compromiso que asume el Poder Legislativo para que, a través del ejercicio de su función legislativa, se obligue a producir la normativa necesaria y suficiente que permita enfrentar con mayor eficacia la angustiante realidad que hoy vivimos y que, debemos reconocer, se refleja en el resultado de las encuestas de opinión ciudadana.
En tal sentido, lo que resulte de la gestión de gobierno para los próximos meses será el resultado de una responsabilidad compartida, tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso, de demostrar que, “con propósito de enmienda”, existe una verdadera intención de actuar en atención del interés general y no pensando o calculando los efectos políticos que les puede o no ser favorables, ahora que estamos cercanos a un proceso de elecciones generales.
En consecuencia, la población peruana debe estar vigilante de todo lo que se haga o se deje de hacer por parte de nuestras actuales autoridades a nivel nacional y que, por lo menos hasta estos momentos, siguen siendo las responsables de la realidad que hoy tenemos y que, desde hace mucho tiempo, estamos ansiosos de revertir.
La “convivencia” de un Ejecutivo y de un Congreso que solo busque garantizar el mantenerse en el poder hasta el término regular de su mandato, no importándole lo que el pueblo desea o aspira, es una conducta política absolutamente irresponsable y, por lo tanto, contraria a lo que debe ser el comportamiento de quienes ejercen el poder con miras a que su actuación se oriente en la búsqueda del bien común y no del interés personal o del partido.
Si así fuere, estaríamos frente a que “el hambre y la necesidad” es la fuente de inspiración de los que integran los entes gubernamentales.
Ojalá que me equivoque.
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