Problemas en la Administración de Justicia
La Administración de Justicia, con unidad, exclusividad e independencia y con observación del debido proceso la ejerce el Poder Judicial con los jueces de Paz Letrados, Especialistas y Mixtos, Superiores y Supremos (Constitución: Artículos 138°, 139°, 143°). Los magistrados son abogados que han estudiado en Facultades de Derecho donde sus maestros les han inculcado aplicar correctamente las normas legales vigentes respetando los plazos procesales al tramitar las acciones judiciales.
En los códigos y normas procesales de cada materia (civil, penal, contencioso administrativo, laboral, familia, etc.) están establecidos los plazos para cada acción (expediente) judicial desde la presentación de la demanda y/o denuncia, las sentencias de primera y segunda instancia y resoluciones de la Corte Suprema.
Una de las críticas generalizadas en el país es que la administración de justicia es lenta. Los juicios demoran no meses sino años y más años. Los magistrados (inclusive los presidentes de Cortes) manifiestan que ello es por la “carga procesal” (cantidad excesiva de juicios), falta de suficientes magistrados jueces, especialistas y administrativos, reducido presupuesto anual asignado al Poder Judicial, normas procesales actualmente ineficientes.
Ante la falta de confianza y pérdida de fe de los justiciables, sus defensores y opinión pública, la Presidencia de la Corte Superior de Lima públicamente ha informado de la “maratón judicial 2023” “de 24 horas ininterrumpidas” para “acelerar la descarga procesal. Indicaron que 47,825 actos procesales han sido atendidos voluntariamente”. El presidente de la Corte Suprema expuso que en 35 distritos judiciales se reportó el trabajo de 502,770 actos procesales.
Tales informaciones obviamente son vistas positivamente en el país. Evidencia que los presidentes de esas Cortes no sólo han impuesto se trabaje “voluntariamente” para disminuir la “carga procesal” sino que –se entiende por primera vez– logran la cooperación “voluntaria” de los administradores de justica. Si en tan pocas horas han logrado esos resultados, debe entenderse que están conscientes que la acumulación de la “carga procesal” rutinariamente es por la lentitud en su trabajo.
Ante la evidencia mostrada por dichos presidentes de Cortes, si todos los administradores de justicia (que son servidores públicos) tramitaran los expedientes cumpliendo los plazos procesales, no habría tanta “carga procesal”.
Hay que encontrar soluciones concretas: Que les provean del necesario presupuesto económico, reorganizar el Poder Judicial, eliminando la burocracia que entorpece los trámites desde la presentación de demandas, controlar que los jueces cumplan los plazos procesales.
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