Problema no resuelto: la seguridad ciudadana
No obstante que un derecho fundamental de la persona es su defensa y el respeto por su dignidad (Constitución, artículo 1°) los Poderes del Estado no resuelven el gravísimo problema de la seguridad ciudadana. Todos estamos en peligro de ser víctimas de los delincuentes en calles, comercios, vehículos, domicilios. Nadie está seguro, sea niño, mujer, inválido o anciano.
Los medios informativos escritos, radiales y televisivos informan, exhibiendo a los delincuentes detenidos in fraganti, refiriendo que ya antes por otros delitos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Significa que alguna autoridad les dio libertad. Pero siguieron cometiendo delitos. Utilizan diversas “especialidades”: hurto, robo, estafa, estelionato, lesiones, homicidio, trata de personas, feminicidio, receptación, extorción, sicariato –aun utilizando menores– y hasta la “informática”. No debe eludirse la corrupción –ampliamente conocida–. Cada vez se extiende más la inseguridad.
Los vecinos reclaman seguridad para su vida y bienes y no obstante los videos de vigilancia, las autoridades “competentes” están sin resolver el problema. Evidentemente este se extiende por la incapacidad de los poderes estatales.
El número de policías es insuficiente aun con la ayuda de los serenazgos municipales; la labor en el Ministerio Público no evidencia eficiencia; en el Poder Judicial no solamente se incumplen los plazos procesales y hasta se conoce que disponen la libertad de delincuentes aun prontuariados y suelen sentenciar “aprobando la prescripción” del delito.
Las normas penales y procesales expedidas por el Congreso han devenido en obsoletas incluyendo sus Textos Únicos; el Ejecutivo no adopta medidas eficientes para no solamente combatir sino extinguir la delincuencia. Es irónico, la sociedad agraviada por los delincuentes debe sostenerlos gratuitamente con vivienda, alimentación y salud. Deben construirse cárceles que sean centros de trabajo para la producción de bienes para el mercado nacional donde los delincuentes obtengan una remuneración para subsistir.
Estamos frente a un problema grave. Es tiempo de resolverlo. La tipificación de los delitos y el tiempo de las condenas deben modificarse incrementándolas con severidad y obligar a los delincuentes que devuelvan sus bienes a sus agraviados. Las normas procesales penales deben señalar plazos nítidos y duplicar los plazos para la prescripción eliminando las “excepciones”. El proceso para los receptadores debe ser con detención efectiva. Evitar las concesiones de libertad “provisional” o “domiciliaria”. Establecer la responsabilidad personal administrativa, civil y penal para los juzgadores que no las cumplan con procesar las causas penales dentro de los plazos establecidos.
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