Prisión preventiva y abuso del poder
En los años 80 hicimos un especial esfuerzo por elaborar las bases de la reforma procesal penal en el Perú desde el Centro de Investigaciones de la Corte Suprema, que dirigimos, y en un trabajo conjunto con la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos AID y con el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente - ILANUD, investigamos la realidad procesal para instalar el sistema acusatorio en reemplazo del sistema inquisitivo que teníamos, al cual se le echaba la culpa de todos los problemas de retardo judicial y de impedimento a las garantías de la administración de justicia penal.
No me equivoqué al advertir entonces que el nuevo modelo no resolvería los problemas procesales penales, pues más que identificar las fallas en el sistema, encontraba que el problema medular estaba en las personas que lo operaban: policías, fiscales, jueces, auxiliares de justicia y abogados.
Luego de varios años de implantación del nuevo Código Procesal Penal, el sistema no funciona, y no porque sea malo, sino porque los operadores no lo operan con la razonabilidad de la eficiencia, la eficacia y la ética de lograr una correcta administración de Justicia, tutelar de los derechos de las personas.
Esto es que, algunos fiscales y jueces que son los principales operadores del sistema, no están actuando con respeto a los principios y garantías de la administración de justicia penal, que están incorporados como derechos humanos en nuestra Constitución, sino que haciendo ostentación de abuso del poder jurisdiccional y sirviendo a fines políticos están vulnerando estos derechos con prisiones preventivas irracionales, impidiendo el aporte de pruebas de la verdad de los hechos investigados o sometidos a juicio por haber terminado la etapa de postulación de pruebas, y aplicando un más grave formalismo procesal que antes han convertido el proceso en un fin antes que lograr Justicia.
Lamentable que se haya gastado millones en implantar un nuevo Código Procesal Penal para patentar la violación de los derechos fundamentales a la libertad y al debido proceso penal, el próximo Congreso debe legislar urgentemente para rectificar los graves errores del nuevo sistema procesal penal, y la Junta de Fiscales Supremos como la Corte Suprema de Justicia deben adoptar medidas en estricto cumplimiento de sus deberes de orientar y controlar la conducta fiscal y judicial en el marco del Orden Constitucional.
