Prioridades Equivocadas
En estos tiempos de incertidumbre económica, la solicitud de Petroperú de recibir una inyección financiera de US$ 3,000 millones ha generado controversia. Mientras la empresa estatal de petróleo argumenta que esta suma es crucial para su supervivencia, no podemos pasar por alto la crítica situación de nuestra infraestructura educativa. Más del 54.6% de los colegios públicos enfrentan la necesidad de ser demolidos, evidenciando una crisis que clama por atención urgente.
La pregunta que todos debemos hacernos es: ¿por qué deberíamos canalizar recursos sustanciales hacia una empresa que ha demostrado fallar en la gestión financiera, en lugar de dirigir esos fondos hacia la educación de los niños peruanos? Personalmente no lo haría.
En primer lugar, Petroperú ha sido protagonista de repetidos episodios de mala gestión financiera. En los últimos años, hemos visto cómo sus balances reflejan pérdidas millonarias y decisiones empresariales cuestionables. Es más, en la Contraloría se investigan varios casos. Entonces, ¿es prudente entregarles otro cheque millonario? La lógica dicta que, antes de pedir más apoyo financiero, la empresa debería demostrar una capacidad real para gestionar sus recursos de manera eficiente y responsable. Si esto haría cualquier acreedor, ¿por qué los peruanos que necesitamos el dinero para nuestros niños seguimos dando dinero sin exigirlo?
Contrastando esta situación con la crítica condición de la infraestructura educativa, nos encontramos con un panorama desolador. Más de la mitad de los colegios públicos en el país requieren ser demolidos y reconstruidos para garantizar un entorno educativo seguro y propicio para el aprendizaje. Este es un llamado de atención urgente que no puede ser ignorado, ya que afecta directamente el futuro de miles de niños peruanos.
La disparidad en la capacidad de presión entre Petroperú y la educación pública es evidente. Mientras la empresa puede organizar conferencias de prensa y ejercer influencia política para obtener el respaldo financiero que busca, los niños y sus escuelas no tienen la misma capacidad de hacerse escuchar. Esto plantea una pregunta fundamental sobre la equidad en la distribución de recursos en nuestro país, y esa decisión la debe tomar la misma presidenta Dina Boluarte.
Es comprensible que las empresas busquen su supervivencia, pero la responsabilidad del Estado es salvaguardar el bienestar y el futuro de sus ciudadanos. ¿Es justificable destinar US$ 3,000 millones a una entidad que ha demostrado fallos en su gestión financiera, en detrimento de la educación de nuestros niños? No.
Hoy abogo por un enfoque que priorice la inversión en la educación. Nuestros niños son el recurso más valioso y la inversión más significativa que podemos hacer como sociedad. En lugar de rescatar a empresas que han fallado repetidamente, debemos dirigir nuestros recursos hacia la construcción de un sistema educativo sólido que brinde oportunidades equitativas para todos.
La solicitud de Petroperú plantea interrogantes significativos sobre las prioridades del país. ¿Optaremos por rescatar a una empresa con un historial cuestionable, o invertiremos en el futuro de nuestros niños y en la construcción de una sociedad más justa y educada? La respuesta debería ser clara: es hora de repensar y reajustar nuestras prioridades para asegurar un mejor mañana para todos los peruanos.
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