Presidente Vizcarra, muestre con presupuesto su compromiso anticorrupción
Los picos de popularidad alcanzados en diciembre de 2018 por el presidente Martín Vizcarra, con un impresionante 66 % de aprobación según Encuestadora Ipsos (actualmente en descenso), tuvo como origen el haber hecho suya la bandera de la lucha contra la corrupción, logrando una gran adherencia de parte de la ciudadanía asqueada por esta lacra; sin embargo, más allá de los discursos y mensajes a la nación del mandatario, lo real y concreto es que durante meses el ente rector en materia de defensa de la legalidad y titular de la acción penal: el Ministerio Público, viene solicitando a voces mayor presupuesto que el asignado cada año por parte del Poder Ejecutivo, a efectos de enfrentar con eficacia a la criminalidad organizada y la delincuencia común, dado los altos niveles de corrupción alcanzados en el Perú, sin encontrar receptividad en el actual gobierno.
Entendemos de la responsabilidad en la administración del erario público y de las enormes necesidades que atender desde el Ejecutivo; sin embargo, es imprescindible, urgente, el dotar de los recursos económicos mínimamente exigidos por parte de la Fiscalía, porque el no hacerlo abona a favor de la impunidad, beneficia directamente a los que han infringido la Ley y se saben intocables, que juegan a la prescripción, que se dan el lujo, a contraposición del Estado, de contratar los mejores estudios de abogados para su defensa técnica. Por lo cual, no nos explicamos por qué la actual gestión regatea, da con cuentagotas, el dinero solicitado por el Ministerio Público, máxime si el propio Vizcarra señala estar comprometido en “acabar con este mal sistémico (corrupción) que tanto daño hace a nuestra sociedad” (discurso del señor presidente del 29.03.2019 en la juramentación de la señora fiscal de la Nación).
La erradicación de la impunidad y la corrupción es un tema harto sensible, la población no olvidará a aquellos que le han hecho juego de alguna u otra forma y más bien respaldará y dará su apoyo a quienes con hechos concretos, medibles, cuantificables, como en este caso, presupuestario, se otorga el dinero para que los magistrados puedan hacer su trabajo en los plazos que las leyes demandan. Recientemente el Ejecutivo autorizó la transferencia al Ministerio Público de S/ 24’512,244, básicamente para contratación “temporal” de personal (CAS), pero no se ha previsto autorizar el nombramiento de nuevos fiscales, que también se necesita, porque es altamente peligroso que la defensa de los intereses de los ciudadanos esté en manos de personas de paso transitorio en las fiscalías, sujetos a toda clase de presiones.
Presidente Vizcarra, enluzca con cifras, muestre con presupuesto (el requerido por el Ministerio Público) su compromiso en la lucha contra la corrupción.
