Presidente del Consejo de Ministros también tiene responsabilidad en regreso de Santiváñez como ministro de Estado
Este fin de semana, de manera sorpresiva, juraron tres nuevos ministros; sin embargo, lo que más llamó la atención es que el engreído de Dina Boluarte, Juan José Santiváñez, juró nada menos que como ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Quedaron en las páginas del olvido de Palacio de Gobierno y de la Presidencia del Consejo de Ministros que Santiváñez fue censurado meses atrás por el Congreso de la República, cuando era titular de la cartera del Interior; en aquella ocasión el Parlamento lo retiró del cargo el pasado 21 de marzo con 79 votos a favor, debido a lo que calificaron como su “incapacidad en el cargo” para enfrentar la ola de criminalidad.
Cabe precisar que, lejos de desligarse del Poder Ejecutivo tras su censura, Santiváñez fue designado en abril como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial —puesto creado por Dina Boluarte—, un cargo en el que también fue cuestionado por supuestas reuniones con alcaldes que luego habrían recibido fondos públicos, además de contactos previos con el actual ministro del Interior, Carlos Malaver. Ahora, cinco meses después, su regreso como titular de Justicia es un desafío hacia el Parlamento, que está de tumbo en tumbo y cuyos congresistas están más preocupados por postular como diputados y senadores el próximo año.
La singular designación es una burla al país, una insana provocación al Poder Legislativo y una necedad. Boluarte actuó sin descaro al reincorporar a un ministro previamente censurado por ser incapaz.
La presencia de Santiváñez en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirma que el Gobierno seguirá en el camino de la impunidad a trote; es inaceptable haberlo juramentado, desde el momento mismo en que tiene investigaciones pendientes.
Mientras los lacayos defienden la potestad de Boluarte para elegir a sus ministros, olvidándose olímpicamente de lo preceptuado en el artículo 122 de nuestra Constitución Política, que señala: “El presidente de la República nombra y remueve al presidente del Consejo. Nombra y remueve a los demás ministros, a propuesta y con acuerdo, respectivamente, del presidente del Consejo”, por lo tanto, la responsabilidad también recae en Eduardo Arana como presidente del Consejo de Ministros, ya que lo de Santiváñez es una imposición inconstitucional de Boluarte. Arana, con un mínimo de dignidad, debió renunciar y no blindarlo. Lo que corresponde ahora es una moción de censura contra Arana, lo que originaría la caída de todo el gabinete.
En términos simples, a Santiváñez se le ha concedido una protección adicional, ya que tiene antejuicio político incluso durante cinco años después de que deje su cargo.
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