Prensa prostituida, gobernante autoritario
La ciudadanía es muchísimo más inteligente que este envilecido neoperiodismo del cual vienen nutriéndose unos grupos mediáticos fácticamente en quiebra económica. Clanes desesperados que han hipotecado su línea editorial al oficialismo a cambio de recibir un subsidio mediante la corrupta publicidad estatal.
Empresas periodísticas en ruina que han puesto a disposición de Gobierno a su plantel de comentaristas, redactores, opinólogos, etc., obligándolos a cumplir un papel de papagayos repitiendo a toda hora las órdenes que reciben de sus jefecitos que, a su vez, se nutren de las instrucciones emanadas de Palacio, IDL, Fiscalía, etc. La diferencia con el esquema montesinista es que el soborno se paga como avisaje estatal. Esto es una vergüenza. Es la rendición y prostitución del noble oficio del periodismo. Someter los medios de prensa a una mafia oficialista es poner a órdenes del gobernante las ondas televisivas y radiales que se transmiten vía el espectro radioeléctrico que monopoliza el Estado.
Espacio que, por normativa, lo concesiona el Gobierno exclusivamente a las empresas propietarias de medios televisivos para que, aparte de transmitir cultura y diversión, informen coherentemente al ciudadano emitiendo programas noticiosos lejos de toda coerción y dogmatismo. Particularmente, lo que procura la legislación es evitar que el poder de turno intervenga en los programas noticiosos y periodísticos, impidiendo que la televisión y la radio se sometan al dictado del poder político. Porque esto significa violar las libertades de prensa, información y opinión, aparte de trasgredir la ley. En otras palabras, implica un delito endosarle las licencias de operación otorgadas por el Estado precisamente a quienes las otorgan en su nombre, para que a los particulares las utilicen lejos del imperio de los gobernantes.
Una consecuencia de esta peligrosísima tiranía mediática –diarios, radios y televisoras privados endosados por sus dueños al gobernante de turno a cambio de recibir dinero del Fisco vía el artilugio del avisaje público– es prostituir la democracia y degradar en forma grosera el Estado de Derecho. Es colocar en manos del oficialismo un conjunto de medios de información que se venden a la sociedad como independientes, cuando en rigor actúan como voceros del gobierno de turno.
Equivale a pervertir la libertad de prensa usándola como grosera arma ideológica. Y finalmente entraña desnaturalizar la esencia de los derechos constitucionales a la libre expresión y opinión, desde que con ello se transforma a los medios de prensa en vehículos de penetración sociopolítica manipulados por el gobernante de turno. Figura que inclusive alienta el abuso de los derechos universales, aplicándolos como escudos para permitirle al Poder Ejecutivo someter –como viene ocurriendo– a los poderes Legislativo y Judicial, así como para denigrar –y demoler– a la oposición, abriéndosele el camino a una autocracia que sólo derivará en dictadura.
El gobierno Vizcarra abrió las puertas al despotismo comprando a la prensa quebrada tras su campaña para demoler la ley Mulder, norma que ponía coto a la podredumbre del avisaje estatal manejado con criterio político. Desde entonces arrancó su campaña –de corte chavista– para hacerse de la Fiscalía. Lo demás es historia.
