Prensa libre y responsable

La libertad de expresión es una garantía de la democracia, que duda cabe. En el ejercicio de este derecho fundamental, los periodistas al ejercer su libertad de prensa no pueden estar sujeto a censura previa, a violencia o a cualquier tipo de injerencia política, económica o de cualquier índole que los límite de forma arbitraria e irrazonable.

Sin embargo, esto nada tiene que ver con el ejercicio responsable de la profesión que implica deberes de veracidad y objetividad.

Ha pasado un año más en el que las noticias sobre investigaciones y procesos en casos de corrupción han sido primeras planas al ser considerados temas de interés nacional.

A la difusión por los medios de prensa, se suman la interacción en las redes sociales, las mismas que reaccionan a periodistas, comunicadores, influencers, plataformas, portales web , etc y su forma de transmitir la noticia.

A nivel regional, existen estándares internacionales que establecen obligaciones a los Estados de garantizar el ejercicio pleno de la labor periodística, pero no los exime de hacerse responsable ante actos de difamación y calumnia.

Un político o un funcionario público pueda ver reducido su ámbito privado al escrutinio de la prensa, pero esto debe obedecer a un interés público determinado de tal manera que no se produzca un daño irreparable en la dignidad de esa persona que se ve expuesta por el cargo o función que ocupa.

No existe estándar o principio que garantice el ejercicio de la libertad de expresión y que a su vez, exima de responsabilidad al periodista o al medio de actuar con la debida diligencia y objetividad al tratar una noticia. Prensa libre no es lo mismo que prensa sin límites.

En la misma línea de lo afirmado por el jurista español, García San Miguel, existe un elemento distorsionador en la relación entre los vicios privados y las virtudes públicas de un funcionario basado en aspectos de su individualidad, como su fe religiosa o su pensamiento político, y en la creencia que influirán en el ejercicio de su función pública, sin la más mínima prueba de ello.

Se ha normalizado que el funcionario público, protagonista de una noticia con claros vicios de objetividad y veracidad no se defienda, aclare o exija una rectificación, cuando ya ha sido victima de ataques furibundos y cancelatorios en las redes sociales.

Nuestra Constitución Política no diferencia entre civiles y funcionarios, son titulares de derechos fundamentales que no son absolutos. No podemos decir que vivimos en democracia cuando el ejercicio de las libertades es ilimitado y se empoderan más unas que otras, cuando se valida el ataque público y mediático al ámbito familiar y no la crítica al ejercicio mismo de la función.

No podemos afirmar que impera el Estado de Derecho cuando el debilitamiento institucional se justifica detrás de una persecución mediática que avasalla la presunción de inocencia y que solo suma a la agenda particular de un sector y no al interés público.

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