Por más soberanía: salgamos de la Corte IDH

El pasado 24 de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) volvió a entrometerse en los asuntos internos del Perú. Mediante una resolución de medidas urgentes, ordenó suspender el trámite del Proyecto de Ley N.º 7549/2023-CR, que busca otorgar amnistía a miembros de nuestras Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comités de Autodefensa, quienes han sido injustamente perseguidos durante décadas, pese a haber contribuido decisivamente a la derrota del terrorismo que asoló nuestro país entre 1980 y el año 2000.
Indudablemente, la Corte IDH ha excedido sus funciones, pretendiendo intervenir en decisiones propias del Poder Legislativo. En su resolución —emitida en el marco de los casos Barrios Altos y La Cantuta— va más allá de sus competencias: prohíbe aplicar la ley en caso de ser aprobada por el Congreso y convoca una audiencia pública para el 21 de agosto. Es decir, un tribunal internacional no solo pretende condicionar nuestro proceso legislativo, sino también anular una decisión que aún ni siquiera ha culminado su trámite constitucional.
En buena hora, los titulares del Ministerio de Justicia, del Interior y de Relaciones Exteriores se han pronunciado rechazando esta resolución intrusiva. Y, por supuesto, desde el Congreso de la República —especialmente desde la bancada de Renovación Popular— reafirmamos que la decisión de otorgar o no una amnistía es competencia exclusiva del Parlamento, no de una corte extranjera.
Considero que la presidenta Dina Boluarte perdió una gran oportunidad, en su mensaje a la Nación del 28 de julio, para poner sobre la mesa el retiro del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este pedido ya ha sido formalizado más de una vez desde mi bancada. Estoy seguro de que miles de peruanos exigen esta medida, porque mientras los terroristas del pasado se pasean hoy libres por las calles, enseñando en colegios y universidades y presentándose como “víctimas”, muchos de nuestros militares y policías continúan encarcelados y arrastrados por juicios interminables.
Eso no es justicia. Eso es persecución.
No podemos seguir permitiendo que un organismo internacional, cuyos miembros nadie ha elegido, continúe supervisando y censurando nuestros procesos legislativos, queriendo imponer límites a nuestro sistema democrático. Se necesita que el Gobierno del Perú actúe con firmeza y coraje frente a esta inaceptable intromisión, asumiendo la férrea defensa de nuestra soberanía nacional.

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