¡Poniéndolos en su sitio!
El canciller, Javier González-Olaechea, habló claro en la residencia del embajador de Canadá en el Perú, Louis Marcotte, donde asistió para celebrar los 80 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Previamente, esta columna había comentado el entuerto provocado por los países de la Unión Europea, más los Estados Unidos, Canadá y otras naciones, imputándole a nuestro Congreso un comportamiento antidemocrático por fiscalizar a las ONG, acostumbradas a hacer lo que les dé la gana. ¡Inclusive exonerarse de todo pago de impuestos a operaciones financieras, por las cuales los peruanos pagan tributos y se someten a la fiscalización de su Estado!
Estas fueron las palabras de González-Olaechea: “Me pregunto acaso, entonces, si la mejor manera de reflejar las relaciones es hablar de proyectos, incluso si fueran leyes. Como dije en una pequeña declaración, yo no le indicaría al embajador en Italia que se pronuncie de una u otra manera respecto a lo que disponga el Congreso de Italia. La diplomacia -concluiría el canciller González Olaechea- es el arte de hablar y a veces de callar. Esta será posiblemente la última vez que me refiera a este tema.” A buen entendedor, pocas -contundentes- palabras.
El dictamen aprobado por la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, al que se referían estos embajadores, se restringe a modificar artículos de la ley de APCI, Agencia Peruana de Cooperación Internacional, proponiendo que vele por “la correcta utilización de los recursos financieros, logísticos, técnicos y otros provenientes” de la cooperación técnica internacional. De igual forma, exigirle a APCI mantener un “registro actualizado de aquellas organizaciones y entidades que hagan ‘activismo político’ con fondos recibidos del exterior, entendiéndose como activismo político aquel que modifica políticas públicas nacionales o resultados electorales en favor de los intereses de entidades extranjeras privadas”.
Frente a esas justas, moderadas sugerencias de nuestro poder Legislativo, los citados embajadores optaron por sobreproteger al batallón de ONG extranjeras, endilgándole al Congreso peruano una injusta reprimenda. Nuestro canciller aprovechó la invitación para transmitir el justo malestar del Perú, en general; y del Congreso, en particular, en respuesta a los embajadores. A criterio de este escriba, apenas conocida la insólita, arrogante, insultante e impertinente invectiva de dieciséis países contra el Congreso del Perú, la Cancillería debió citar a sus representantes para manifestarles el malestar de nuestra nación. Aparentemente, por cuestión de estilo, la Cancillería optó por otra vía, igualmente válida.
No obstante, denunciamos que aquellos países, a los que pertenecen estos embajadores, defienden turbios intereses en el Perú que no admitirían en sus propios fueros. Hablamos de multimillonarias exoneraciones tributarias que benefician al mundo de las ONG, entes receptores de incontables transferencias opacas anuales provenientes del exterior, sin explicar su origen ni precisar su destino, gestiones obviamente ajenas a cualquier forma de fiscalización por parte de nuestro Estado.
El año 2021, esas remesas sumaron US$ 3,592 millones (1.6% de nuestro PBI), según el Banco Central de Reserva: un 22.2% mayor que el año anterior. ¿Acaso semejante prepotencia la admitiría la Comunidad Europea en su propio fuero, señores embajadores?
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