Politización en la Junta Nacional de Justicia

Para quien no lo sepa, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) es una institución nacida del referéndum de 2018, impuesto por el ‘Lagarto’ Vizcarra. Reemplazó al defenestrado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Se encarga de nombrar a jueces y fiscales, de ratificarlos cada 7 años y de su destitución. Tiene un inmenso poder y está altamente politizada. La integran personas vinculadas al llamado espectro caviar, algunos de ellos ocuparon puestos estatales y han transitado por las ONG. Su elección fue cuestionada.
Esta poderosa institución destituyó al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry de modo absolutamente arbitrario. Hoy pretende repetir el plato y direccionar la elección del próximo presidente de la Corte Suprema del próximo 2 de diciembre. En enero pasado, de oficio, la JNJ abrió proceso de investigación a tres vocales supremos porque tenían familiares trabajando en el Estado en el periodo entre el 2017-2018. Se trata de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios y de los jueces supremos Javier Arévalo Vela y Vicente Walde Jáuregui.
El vocal Javier Arévalo presentaría su candidatura para presidir la Corte Suprema, por ello está en la mira de la ‘tremenda JNJ’. Se dice que no posee vínculos con el sector caviar y cuenta con el respaldo suficiente para asumir tan importante cargo. Arévalo tiene un hermano que trabaja en el Estado desde el año 2001, antes de que fuera vocal supremo. Es experto en temas electorales y el JNE le ha renovado sucesivamente los contratos obtenidos, un procedimiento extendido en la administración pública. No es pasible de sanción.
El informe de la JNJ acusa a los tres vocales por no haber denunciado estos ‘hechos’. Sin embargo, en el caso de Arévalo no hay ninguna ley que sancione esta supuesta omisión, menos aún que señale la instancia pertinente ante la cual el magistrado denunciaría a su hermano. ¿En la plaza pública, en el Congreso, en la Corte Suprema? No contraviene legalidad alguna, pero la JNJ lo mancha, sentenciándolo anteladamente como antiético. Ya está condenado. En el amplio saco de la sanción moral, entra de todo. Tampoco existe ningún dispositivo legal que determine las faltas éticas, tampoco uno que precise cuándo estas son graves o leves.
Queda claro que este proceso disciplinario tiene objetivos políticos: sacar al vocal Arévalo de la carrera por la Suprema, favoreciendo a intereses ajenos a la meritocracia. El viciado proceso de destitución se llevará a cabo el 8 de noviembre. Sancionando a Arévalo, ya no podría presentarse. El sucesor sería el vocal supremo Héctor Lama More, quien tiene solo 8 meses de techo, luego pasaría al retiro. Aunque es más afín al sector progresista, sería un despropósito que asumiera por tan poco tiempo. Anteriormente la ‘tremenda Junta’ descabezó a la Fiscalía. En un corto lapso de tiempo, destituyó a los fiscales supremos Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza. Descabezó al Ministerio Público.
La justicia peruana corre un grave peligro: estar al vaivén de intereses subalternos, ajenos a lo jurídico. El PJ liberó a la ‘cuñadísima’ de Castillo. Los dos vocales que se pronunciaron por su libertad deberían explicar su voto ante la opinión pública. También los tribunales fueron benévolos con Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo y Guido Bellido, les flexibilizaron las restricciones. Nadie los ha denunciado.

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