Policía, Fuerzas Armadas y seguridad ciudadana
Las poblaciones de Lima y provincias viven aterradas por la delincuencia. En calles, medios de transporte y viviendas nadie tiene seguridad para sus personas y bienes. Diaria y permanentemente los medios informativos lo muestran. Ante el crecimiento delincuencial el Alcalde de Lima ha expuesto que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deben brindar una eficiente seguridad a la población. Esa sugerencia debe reflexionarse.
Entre otros, la Policía Nacional protege, auxilia y custodia a las personas y sus bienes que se encuentren en peligro por cualquier circunstancia; debe prevenir la actuación de delitos, restablecer y mantener el orden y la seguridad ciudadana. Lamentablemente, por cuestión presupuestal, no tiene la cantidad suficiente de efectivos.
La misión fundamental de las Fuerzas Armadas es la conservación de la independencia de Estado, soberanía nacional, la integridad territorial y la garantía de su ordenamiento jurídico. Se desarrolla en los ámbitos interno y externo. Asumen el control del orden interno (Constitución: artículo 137°). Están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Toda persona, natural o jurídica, está obligada legalmente a participar en Defensa Nacional. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en el desarrollo económico y social del país y en la defensa civil de acuerdo a ley. En casos excepcionales brindan protección a la población; ejemplo: caso de la pandemia.
Existe el Serenazgo cuya función es ejecutar, supervisar, evaluar y controlar las acciones preventivas y disuasivas en su distrito, contra los probables hechos y circunstancias que afecten la seguridad y tranquilidad pública y actos que atenten contra la moral y buenas costumbres, la seguridad ciudadana, conjuntamente con la Policía Nacional del Perú (PNP). Ambos cumplen la protección ciudadana.
Pero es imprescindible enumerar los problemas esenciales que afectan la seguridad ciudadana: penas “benignas” para los delincuentes establecidas en el Código Penal; lentitud de los investigadores y/o administradores de justicia (de todos los niveles) para procesar a los delincuentes detenidos por la Policía (que acarrea el riesgo de la prescripción a favor del delincuente); concesión “bajo modalidades” de libertad al autor de delitos antes de sentenciarlos; atiborramiento de las actuales cárceles que debe resolverse con nuevas que, además, sean centros de trabajo para los encarcelados (el Estado no debe mantener gratis en cárceles a los delincuentes). Los políticos del Ejecutivo y Legislativo son responsables de la falta de solución a dichos graves problemas.
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