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Poder oscuro sostiene a dos fiscales ineficientes

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Fecha Publicación: 29/05/2023 - 22:20
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En unos meses se cumplirán ya siete años desde que en noviembre de 2016, representantes de Odebrecht en el Perú, justamente los protagonistas de los actos de corrupción de la empresa, ofrecieron un acuerdo de colaboración eficaz al Perú, acuerdo que desde el inicio no solo era innecesario de celebrar sino una trampa para el país y del cual la empresa brasileña corrupta y sus operadores, no menos delincuentes, obtuvieron todas las ventajas posibles: librarse de delitos graves como el lavado de activos y de la cárcel, salvar sus bienes y hasta ponerse en posición de accionar contra el Perú por supuestos incumplimientos contractuales.

Al momento de ofrecer tal acuerdo de colaboración eficaz ya las autoridades estadounidenses, concretamente su Secretaría de Justicia, habían identificado, con lujo de detalles, los actos delictivos perpetrados por Odebrecht en diversos países, incluido el Perú. Hubiera bastado recurrir a los dos tratados de cooperación en materia de persecución criminal y de justicia a nivel de la ONU y de la OEA, respectivamente, de los cuales Estados Unidos de América y Perú son parte, para tener acceso a todas las pruebas obtenidas por el país del norte.

Ninguna prueba adicional han logrado en estos casi siete años los fiscales Pérez y Vela y todo el andamiaje creado en torno a ellos con un costo de decenas o cientos, quizás, de millones de soles.

La única razón que podría explicar tremendo ardid contra el Perú pasa por la utilidad que sectores por identificar podían obtener del secretismo u oscuridad con que rodearon el acuerdo de colaboración eficaz, al punto que salvo los dos fiscales de mínima e intermedia jerarquía y su comparsa el procurador del Ministerio de Justicia designado a dedo por el régimen de PP Kuczynski y quizás la jueza de primera instancia que homologó el acuerdo, aún hoy nadie lo conoce, ni siquiera los distintos fiscales de la Nación que han sido cabeza del Ministerio Público.

La utilidad a que me refiero no es otra que el uso político perverso que se le dio a las delaciones, los codinomes, los archivos supuestamente cifrados por develar (ya EEUU los tenía todos determinados en octubre de 2016), que sirvieron para encubrir a verdaderas autoridades corruptas como Susana Villarán, alcaldesa de Lima, y Jorge Acurio, gobernador regional del Cusco, y perseguir a personas como Keiko Fujimori que nunca suscribieron acuerdo con la empresa ni recibieron a cambio prebenda alguna, ni siquiera a título gratuito.

Es tiempo de poner luz sobre tanta oscuridad.

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