Poder Judicial y Ministerio Público: No es solo la politización

Es frecuente que diversas personalidades de diferentes profesiones, ocupaciones e instituciones opinan que magistrados del Poder Judicial y/o del Ministerio Público inocultablemente evidencian la politización lo que se demuestra con las resoluciones (“decisiones”) emitidas por “algunos” de sus miembros por lo que se “necesita reformas inmediatas” (SIC). Incluso exponen que “Es necesario remover a todos los titulares de los entes judiciales para una eficiente reforma” (SIC). Este es uno de los problemas de las entidades encargadas de investigar la defensa de la legalidad y administrar justicia. (Constitución, Artículos 158°, 159°,138°).

Sin embargo, la politización de esos entes y sus magistrados no es el único problema que evidencian. Desde hace mucho tiempo, constantemente no solamente los justiciables (principalmente agraviados por delincuentes, demandantes en acciones civiles, contencioso administrativas, laborales, familia, etc.) expresan su preocupación por la asombrosa demora como se tramitan las acciones en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. No obstante, a que los códigos y normas procesales penales, civiles, laborales, etc., señalan plazos para cada acto procesal en una causa o proceso judicial, los fiscales y/o jueces de todas las instancias no cumplen con efectuar tales actos dentro de los plazos correspondientes; ¡las sentencias en cada instancia se expiden en años!

Esa dilación trae como consecuencia la acumulación de expedientes “en trámite” que los profesionales del derecho la denominan “la carga procesal”. Esta carga además se utiliza por los jueces, especialistas legales y personal administrativo de juzgados y cortes “para justificar” (usar como escudo) ante reclamos de los justiciables y abogados y para tratar de evitar los comentarios periodísticos.

También es visible el notable incremento burocrático en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Estas entidades hace años, cuando ambos funcionaban en el Palacio de Justicia; su personal era el necesario. Ahora, en ese Palacio principalmente solo opera la Corte Suprema y en Lima la Corte Superior tiene “sedes” (locales) para las diferentes especializados (Salas civiles, laborales y otras).

Otro problema es que los códigos adjetivos y sustantivos han devenido en inactuales, sobre todo los procesales, para la actual administración de justicia. Hay otros problemas más.

Ante tales problemas, es imprescindible no solamente expedir nuevas Leyes Orgánicas del Ministerio y del Poder Judicial, sino que a las dos “entidades” declararlas en estado de emergencia y de reorganización. También expedir nuevos códigos procesales y sustantivos penales y civiles.

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