Poder corruptor y fortalecimiento de criminalidad…

Siempre hemos considerado al narcotráfico como la peor y más peligrosa plaga criminal que no solo destruía física y mentalmente a los consumidores, sino que convertía a los capos del narcotráfico en los peores corruptores de funcionarios que laboran en instituciones operativamente muy débiles y con sistemas de controles demasiado frágiles y, muchas veces, totalmente inefectivos.
Sin embargo, analizando este fenómeno del crimen organizado que ha logrado imponer en el país un grave estado de alarma, terror y zozobra en la población, donde los sistemas de control y represión parecen no existir, advirtiéndose en las redes sociales cada vez más videos que comprometen a muchos agentes policiales y funcionarios estatales en una corrupción sin límites, nos hemos encontrado con datos tremendamente alarmantes.
En la página oficial de la Unidad de Inteligencia Financiera, en lo relativo al lavado de activos, tomando como referencia el delito precedente, aparece que entre el 2012 y mayo del 2021, la minería ilegal habría lavado activos por US$8,321’000,000.00, mientras que el narcotráfico lo habría hecho por US$1,411’000,000.00, es decir, casi ocho veces menos que la minería ilegal, aunque lo sorprendente es el monto por delitos contra la administración pública que en el mismo período alcanza la increíble suma de US$1,407’000,000.00, casi igual que el lavado por el narcotráfico, lo que nos lleva a la conclusión de que el incremento de la corrupción estatal está yendo de la mano con el incremento de las ganancias ilícitas obtenidas por el crimen organizado.
De enero del 2015 a marzo del 2025, aparece que la minería ilegal “lavó” US$6,258’000,000.00, mientras que el narcotráfico alcanzó la suma de US$592’000,000.00, cuya reducción podría ser un indicador de migración del narcotráfico hacia la minería ilegal. Pero el lavado por delitos contra la administración pública sube a US$1,457’000,000.00, lo que ya nos produce convicción sobre el involucramiento de la corrupción pública con esas actividades criminales, porque se mantiene la proporcionalidad.
La fuente oficial del BCR indica que el oro ilegal exportado desde nuestro país entre el 2005 y el 2024 alcanza la cifra de US$6,840’000,000.00, lo que nos demuestra que la minería ilegal ha obtenido tantos ingresos que puede hacer frente al Estado siempre en posición de ventaja, o porque le resulta fácil sobornar a los funcionarios públicos y a los agentes de represión, o porque saben que los controles no funcionan y, por último, que los gobiernos carecen de estrategias adecuadas porque no entienden el problema, tanto así que sabiendo cómo funciona el crimen organizado para extorsionar a todo el mundo, contando con un ejército de sicarios, se permite prorrogar un Reinfo a sabiendas de que los mineros artesanales que logran su inscripción, más temprano que tarde, caerán bajo el poder de la minería ilegal como crimen organizado.
El problema es que puede ocurrir que mineras formales comiencen a tercerizar sus actividades con mineros inscritos en el Reinfo, sabiendo que éstos ya cayeron bajo el dominio de la minería ilegal.

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