¡Pobre Perú, ya basta!
El Perú se está sumergiendo en una barbarie, en donde la Carta Magna es pisoteada por aventureros que fungen de políticos y desconocen lo preceptuado en la Ley de leyes y, por otro lado, la pugna entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público, llevando agua a su molino la Junta Nacional de Justicia, obra del mitómano Martín Vizcarra, mientras tenemos una derecha impertérrita.
Hoy lunes el Poder Judicial realizará la audiencia para dejar sin efecto la prisión preventiva impuesta al indocto expresidente Pedro Castillo, en el curso de la investigación por la presunta comisión del delito de rebelión.
De otra parte, el juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional emitió un auto de enjuiciamiento contra Keiko Fujimori por el ‘Caso Cócteles’, con el que ordena que Keiko vaya a juicio por el delito de lavado de activos y organización criminal; mientras que el Ministerio Público pide 30 años y 10 meses de cárcel para Keiko.
En esta batahola, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del impresentable Congreso viene revisando la denuncia contra la presidente Boluarte y el Poder Judicial incauta su obra por presunto plagio, sumado a ello la fiscal de la Nación presentó una denuncia constitucional contra ella y el titular de la PCM por el delito de “homicidio calificado”.
A ello le sumamos que Alberto Fujimori debe ser liberado, como lo afirma el presidente del Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución Política- al enfatizar que la sentencia debe acatarse y cumplirse, sin embargo invocando el Nuevo Código Procesal Constitucional, el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica declaró improcedente -en esta instancia- ejecutar la sentencia de excarcelación.
Para incendiar más la pradera, la Comisión de Fiscalización del Congreso citó a la Fiscal de la Nación por presunta vinculación a una organización criminal. Sumado a ello, los miembros de la nefasta Junta Nacional de Justicia recomiendan suspender a la fiscal de la Nación, mientras tanto ella pide al Poder Judicial suspender el proceso disciplinario que le inició la JNJ.
Mientras que el ministro de Justicia y Derechos Humanos afirma silvestremente que “están evaluando” lo resuelto por el Tribunal Constitucional, demostrando su orfandad en cuanto al conocimiento del Derecho.
Violando el orden jerárquico del Ministerio Público, Marita Barreto anunció una acción de amparo para revertir su salida del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder.
En estos aciagos momentos, se han convocado a movilizaciones para el 7, 8 y 9 de diciembre en contra del gobierno de Boluarte. Entre las exigencias figuran la destitución de Boluarte, el cierre del Congreso y nuevas elecciones, este circo, coincide con el golpe de Estado perpetrado por Castillo y la llegada al poder de Boluarte.
Mientras tanto, la “Semana de Representación” correspondiente a diciembre será del 18 al 22, según el Oficio Circular del Área del Despacho Parlamentario y suscrito increíblemente por el Oficial Mayor del Congreso de la República, olvidándose olímpicamente que la legislatura ordinaria concluye… el 15 de diciembre, de acuerdo con el Reglamento del Legislativo que tiene rango de ley.
Es pues deber y obligación de la sociedad civil defender el Estado de derecho y la constitucionalidad como necesidad jurídica, donde la razón se imponga ante las bravatas de indeseables que buscan desestabilizar más al país y convertirlo en una jungla para sus intereses.
Es hora de exclamar a todo pulmón ¡Basta ya! El Perú, nuestra patria lo reclama.
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