Pobre Código Penal

La doctrina legal penal, generalmente aceptada, determina una correlación entre el bien jurídico tutelado, su afectación (que es el delito) y la sanción. Esto es, a mayor importancia del bien jurídico tutelado, su afectación guarda concordancia con el delito, y este último con la pena o sanción que debe imponerse.
Por ejemplo, el bien jurídico tutelado de mayor nivel e importancia es la vida, por lo cual su afectación, denominada delito de homicidio, tiene la pena (o debería tenerla) más elevada que cualquier otro delito.
La mencionada correlación se mantuvo en el Código Penal de 1991 (Decreto Legislativo N.º 635), en que se establecía con toda claridad que el cegar dolosamente la vida de cualquier persona, o sea, el delito de homicidio, era el más grave delito y, por lo tanto, se debía imponer la dura sanción. Así, se iba de más a menos con el resto de los delitos.
Cuestionablemente, sea por el aumento de la delincuencia, sea por el ánimo de creer que la elevación de las penas es disuasiva, se inició una larga carrera, desde el Parlamento y desde el Ejecutivo con sus proposiciones legislativas, para ir elevando las penas, pero de una forma tan desordenada y sin lógica alguna, lo que dio como resultado que muchos delitos de menor significación y gravedad que el homicidio tuviesen penas más elevadas que aquel.
Por otro lado, nuestro Código Penal, de 452 artículos, tiene más modificaciones que articulado, rompiéndose con toda lógica, sobre todo la de la conexión entre la importancia del bien jurídico tutelado, la tipificación del delito contra tal bien y la sanción que se debe imponer por su perpetración.
Ahora, nuevamente el Congreso y el Gobierno están con la idea de modificar el nombre de algunos delitos, la tipificación de ellos, así como volver a elevar penas, creyendo que con ello bajará la comisión de los delitos, pero bien sabemos que ello no es así.
La persecución del delito corresponde a la Policía; su investigación, a la Policía y al Ministerio Público, y el procesamiento jurisdiccional, al Poder Judicial, que tiene que actuar ordenadamente y con celeridad. La demora en las investigaciones del Ministerio Público y del procesamiento por el Poder Judicial son lentísimas y están agravadas con los encarcelamientos preliminares y preparatorios, lo que ha generado que cerca de la mitad de los internos en establecimientos penales estén sin sentencia. Además, el hacinamiento y la promiscuidad de tales establecimientos son tan altos que las penas, en la práctica, resultan durísimas y, encima, sin casi posibilidad de readaptación a la sociedad por el recluso.
La delincuencia no decrecerá con las modificaciones al Código Penal; por lo cual, dejen de seguir haciendo trizas a dicho Código y otorguen las facilidades, herramientas y soporte a la Policía Nacional para que cumpla con las obligaciones que la Constitución le ha asignado, aunque sin que el cumplimiento del deber les cause perjuicios.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, X, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.