Petroperú: en su momento más crítico y con incapacidad para operar lotes petroleros
En febrero de 2023, la presidenta Dina Boluarte, con su afán estatista, aseguró: “Los lotes petroleros I, VI y Z-69 serán nuestros, del Estado peruano”. El gobierno quería adjudicar a Petroperú dichos lotes, frente a Talara, Paita y Sechura, por tiempo indefinido. Sin embargo, en octubre y noviembre, se los adjudicaron temporalmente solo por 2 años, debido a la crítica situación de la empresa estatal que no tenía posibilidades de invertir. Pasaron solo 7 meses, y en mayo pasado, por la incapacidad de esta empresa para operarlos, el gobierno dio marcha atrás y cambió radicalmente su postura, poniendo los tres lotes en un proceso de licitación netamente privada, reiterando que Petroperú no los administrará ni tendrá participación como socio minoritario.
Actualmente, Petroperú se encuentra en su momento más crítico. Según estimaciones recientes, su deuda (US$ 8,530 millones) estaría superando más de 5 veces su patrimonio (US$ 1,640 millones). Además, una auditoría de la empresa privada PwC reveló pérdidas en 2023 por US$ 1,064 millones, inclusive con la Nueva Refinería en marcha. En el primer semestre de 2024 tuvo pérdidas por US$ 450 millones y su calificación crediticia indica riesgo elevado de impago.
Un nuevo directorio, presidido por Oliver Stark, busca actualmente su reestructuración para evitar una “quiebra técnica”, habiendo acordado acciones, entre ellas, la venta del edificio de San Isidro y otros activos improductivos, reducción del 25% de personal y la contratación de un CEO privado que ayude a resolver su grave crisis. Aunque el gobierno acaba de ofrecer un gestor privado especializado en reestructuración (PMO), es sumamente preocupante que no haya consonancia en los criterios. El ministro de Energía y Minas, Mucho, ha manifestado que no se modificará el directorio de Petroperú, mientras que el premier Adrianzén ha indicado la probabilidad de cambios. El MEM Mucho también indicó que podría brindársele nuevo apoyo financiero a Petroperú, mientras que el MEF Arista ha asegurado lo contrario: “ni un solo sol”.
Bajo este panorama, existe gran incertidumbre sobre cómo pueda actuar el gobierno para abordar la grave crisis de Petroperú. Debería apoyar las medidas urgentes del nuevo directorio para alcanzar una adecuada reestructuración, con un claro Decreto de Urgencia, un sólido marco legal e intervención y un rol más activo del sector privado. Se requiere reducir costos financieros y administrativos para que empiece a ser autogestionaria y rentable sin recibir ningún soporte económico del Estado. Pero, además, debería realizarse una profunda investigación y auditoría al proceso de modernización de la Refinería de Talara, para determinar motivos y responsabilidades del multimillonario gasto inútil y sin sentido en este “elefante blanco”, que desde 2008 casi quintuplicó su costo inicial de US$ 1,330 millones al costo actual de US$ 6,500 millones.
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