Pesca ilegal como amenaza
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) amenaza los océanos del mundo, incluido el Pacífico y el Atlántico sudamericano. Estos ilícitos afectan los ecosistemas marinos, con repercusiones económicas, sociales y políticas. Más de 3,000 pesqueros clandestinos chinos, mil de ellos operando en Sudamérica, agravan la situación con una respuesta regional mixta: Ecuador y Perú tomando medidas activas en el Pacífico, y posiciones débiles argentinas y uruguayas en el Atlántico.
La pesca ilegal impacta los recursos pesqueros y la biodiversidad marina, representando entre el 8% y el 15% de la captura anual; con la flota china como responsable de tres de cada cuatro barcos ilegales en aguas sudamericanas. La magnitud del problema se evidencia con la sobrepesca y la captura de especies vulnerables, como el calamar migratorio, reduciendo la población de peces, alterando las cadenas alimentarias y ecosistemas marinos, y destruyendo hábitats.
De cada cinco peces consumidos en el mundo, uno es capturado ilegalmente, con pérdidas de 36,000 millones de dólares anuales, afectando transversalmente al sector y a pequeñas comunidades pesqueras con economías de subsistencia. En Perú se estima que la pesca ilegal causa pérdidas de más de 1,200 millones de soles anuales.
En 2020, Ecuador detectó 340 barcos pesqueros chinos operando en la reserva de las islas Galápagos, exigiendo a China que paralizara las incursiones ilegales, secundados por Perú, logrando que las embarcaciones chinas se mantuvieran a 100 kilómetros del mar territorial, formando luego una coalición regional con Chile, Colombia, Panamá y Costa Rica.
Argentina y Uruguay mostraron poco interés, a pesar del aumento de 74 a 429 buques chinos operando ilegalmente en el Atlántico Sur entre 2014 y 2021. La administración del entonces presidente argentino Alberto Fernández, se rehusó a secundar las regulaciones, considerando a China un “aliado ideológico” y segundo socio comercial; igual que Uruguay, que buscaba un acuerdo de libre comercio.
La pesca ilegal, especialmente el sistema de arrastre empleado por China, amenaza la sostenibilidad de los recursos en los océanos; la sobreexplotación disminuye las poblaciones marinas, afectando la biodiversidad y la capacidad de los ecosistemas para recuperarse; dañando economías nacionales y aumentando la pobreza en las pequeñas comunidades pesqueras.
La degradación de los ecosistemas marinos y su biodiversidad tienen efectos irreversibles. Además, la pesca ilegal exacerba conflictos entre países que luchan por recursos cada vez más escasos, problema agravado por la inacción de algunos estados que impiden gestionar de forma sostenible los recursos naturales.
Erradicar la pesca ilegal requiere acciones nacionales e internacionales coordinadas, fortaleciendo las capacidades de vigilancia y control, compartiendo información sobre actividades pesqueras con tecnología avanzada; así como marcos legales para sancionar a los infractores. Las organizaciones internacionales cumplen un importante rol reduciendo subsidios a la pesca; pero sin acuerdos regionales, ratificados por todos los afectados, es imposible proteger estos recursos.
La pesca ilegal en el Pacífico y Atlántico sudamericano es una amenaza que requiere respuestas urgentes; pero especialmente acciones sostenidas, coordinadas y avaladas por todas las naciones para proteger la biodiversidad marina, luchando contra la pesca ilegal, asegurando nuestros recursos y previniendo conflictos futuros.
Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, X, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.
