Perversión jurídica
Que se emitan resoluciones judiciales por motivaciones políticas es grave, pero esto se está alimentando de un crecimiento de la perversión del razonamiento jurídico que está promoviendo leyes inmorales y convirtiendo lo irrazonable jurídicamente como fundamento de actos públicos.
La justificación de los actos públicos con argumentos falsos que encubren sus ocultos motivos ha llegado a elucubrar que la invocación de la negación fáctica de una cuestión de confianza improcedente constitucionalmente, faculta al Presidente de la República a disolver el Congreso, aunque haya sido formalmente aprobada.
Tal argumentación nos permite reconocer claramente que son los mismos asesores con el pensamiento jurídico pervertido por el interés de promover medidas para el control político de los Poderes del Estado, sin que importe la veracidad de los fundamentos ni su inconstitucionalidad, los que están detrás de la secuencia de actos públicos que han ido quebrado el Orden Constitucional, con el control del Poder Judicial y Ministerio Público, y han culminado con la disolución del Congreso.
La importancia de que el Tribunal Constitucional, más allá de posiciones ideológicas, asuma la resolución de la cuestión competencial planteada por la Comisión Permanente del Congreso, con criterio imparcial y sanamente jurídico, es vital para la vida de la nación, que corre el riesgo de caer, por la politización de sus instituciones llamadas a defenderla, en la más profunda crisis moral y en su entrega a la dictadura del imperio globalista que viene cerrando Parlamentos opositores en Francia y Canadá.
No se puede discutir que conforme el artículo 134 de la Constitución, la disolución del Congreso sólo procede cuando el Congreso le deniega la confianza a dos gabinetes ministeriales investidos conforme al artículo 130 del mismo texto constitucional, es decir, con motivo de su investidura.
Esto sigue el principio de razonabilidad de los actos públicos y no así la pretensión de convertir la cuestión de confianza en un arma de extorsión política, usando su invocación para proyectos de ley, reformas de la Constitución, y respecto de cualquier asunto, aunque esté fuera de las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo.
Urge una Ley de Responsabilidad de los Funcionarios Públicos, involucrando a los asesores, los cuales deben suscribir un informe con los fundamentos de sus recomendaciones como condición de validez de todos los actos públicos, acabaríamos con la perversión jurídica impune.
El futuro del Perú está en las manos del TC, y ojalá recuerden que ellos, en las de Dios.
