Perú hizo respetar su soberanía

Ya sea por evitar abrirse un nuevo frente que podría terminar, tranquilamente, con una vacancia presidencial o lo que fuere, el Gobierno de Dina Boluarte decidió hacer respetar la soberanía nacional y ejecutó la liberación del expresidente Alberto Fujimori, tal como dispuso el Tribunal Constitucional (TC), que, al ser la última instancia judicial en el país, sus fallos son inimpugnables.

La decisión se tomó a pesar de que la ideologizada Corte-IDH emitió un comunicado solicitando que el Estado se abstenga de excarcelar a Fujimori. Este documento apurado solo llevaba la firma de su presidente, por lo que carecía de validez.

Como bien ha advertido el abogado Lucas Ghersi, la Corte-IDH se ha convertido en una mera mesa de partes de la caviarísima CIDH. Así, estas entidades supranacionales trabajan, al alimón, para favorecer los derechos humanos de los desechos (terroristas) humanos, como anota el exministro de Educación Carlos Becerra.

Pese a la chilla caviar y a las estultas advertencias de que el Perú se ha convertido en un país paria al no acatar el ucase de la Corte-IDH (he leído disparates como que ya no ingresaremos a la OCDE o que se caerían los TLC), lo cierto es que ha ganado el Estado de derecho. El TC, en su sentencia del 2022, que fue recientemente ratificada, dejó meridianamente claro que un indulto es una potestad presidencial (un rezago monárquico) que ni siquiera debe estar justificado para otorgarlo. Y, si se necesitaran argumentos, pues, Fujimori es un anciano de 85 años, con una salud menoscabada, y que ya ha cumplido 16 años de condena.

Alberto Fujimori es un personaje de luces y sombras, y ya pagó con suficiente prisión los delitos que cometió durante su gestión, pero los viles caviares querían verlo muerto en prisión.

No podemos ser injustos y dejar de reconocer que el exmandatario dejó un país mucho mejor que el que encontró, luego del desastre del primer Gobierno de Alan García, derrotando al terrorismo, abriendo la economía y, como resultado de ello, reduciendo la pobreza hasta el 20%.
No hay que acobardarse tampoco ante el caviaraje internacional: no pasará absolutamente nada por haber cumplido con el mandato del TC. Es una oportunidad, más bien, para renunciar a la competencia contenciosa de la Corte-IDH y colocarnos al lado de países como Estados Unidos o Canadá.
Quiero terminar esta columna lamentando la ilegal suspensión de seis meses, entre gallos y medianoche, de la fiscal Patricia Benavides por una cuestionadísima Junta Nacional de Justicia (JNJ), inventada entre amenazas del “Lagarto” al Congreso que cerró inconstitucionalmente. La JNJ llevó a cabo un proceso disciplinario inmediato, que no figura en su Ley Orgánica, violando el debido proceso de Benavides, como evidenció el abogado Humberto Abanto, al recordar que la ahora exfiscal de la Nación investigaba a tres consejeros y que está en pie un amparo que suspendía las investigaciones contra ella en curso, lo que exigía la inhibición de los magistrados por evidente conflicto de intereses.

Es menester apuntar, además, que Patricia Benavides, cuyo trascendental papel en la caída de Pedro Castillo parece haber sido olvidado por un puñado de malagradecidos que priorizan sus apetitos personales, no afronta ninguna investigación fiscal tras la endeble imputación de Marita Barreto acerca de que lideraría una presunta organización criminal.

Se ha consumado el plan caviar para recuperar el control del Ministerio Público y así perseguir a sus enemigos políticos. La única esperanza es que el Legislativo destituya a TODOS los miembros de la JNJ por el abuso cometido, pero para ello se requieren 87 votos, cifra es sumamente complicada de alcanzar.

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