Perú, Estado de antiderecho por ambiciones presidenciales de Williams y de fiscal Benavides
A hoy junio 7, con Dina Boluarte, presidente legítima de la República, el Perú es Estado de derecho al mínimo y con José Williams, espurio presidente del Congreso, el Perú es un Estado de antiderecho al máximo.
Ayer junio 6, la Presidenta de la República ha comparecido indebidamente ante la fiscal Benavides en la investigación preliminar por genocidio de los 49 muertos (civiles y soldados) más un PNP calcinado, total 50, entre diciembre y enero últimos.
En este lapso diciembre-enero, las FFAA-PNP se resistían a reconocer a la Presidenta como su Jefe Suprema. Recién lo hicieron el 1 de marzo.
En consecuencia, la investigación preliminar que realiza la fiscal para determinar a los responsables de genocidio imputados por ella y a los cargos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y asesinato imputados por la CIDH, concluirán responsabilizando a Williams quien con la banda presidencial puesta, y a su lado el presidente del Comando Conjunto de las FFAA, General Gómez de la Torre, decidieron la prisión de Pedro Castillo.
De ninguna manera pueden concluir en responsabilizar a la presidenta Boluarte.
Este proceder de la fiscal responde a su ambición presidencial, hecho que ha determinado una alianza o coexistencia entre Williams y Boluarte.
Williams limita su aspiración a llegar como presidente espurio del Congreso a julio próximo y la Presidenta llegar al 2026: Su mejor aporte que el periodo presidencial 2021-2026 sea respetado, es decir salvar al Perú como Estado de derecho.
El hecho de que la fiscal esté usurpando funciones congresales obedece a su desesperada ambición presidencial.
Significa que todo lo que está realizando la fiscal es de absoluta nulidad; pues, ella solo tiene competencia judicial. Lo constitucional es que el Código Penal común se refiere a la civilidad de la Nación y para las FFAA-PNP se aplica el Código Penal Militar Policial que tiene su tribunal máximo y las instancias exclusivamente para los delitos de función. Código promulgado en 2010, presidente Alan García, premier Velásquez Quesquén, ministro de Defensa Rafael Rey y de Justicia García Toma.
Resulta inimaginable que hasta esta publicación, nadie se acuerde , ni los interesados, militares y policías, de la existencia de este Código.
Al 2026, el JNE debe administrar justicia en materia electoral anulando las credenciales de los 68 congresistas que llevaron al Congreso a una situación de rebelión con un presidente espurio, sustituyéndolos con sus accesitarios. Y el Perú profundo recupere la porción del mineral extraído que nos corresponde.
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