Persecución política
El anuncio del Presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de promover una “acción de lesividad” contra la inscripción de Perú Acción constituye un hecho gravísimo. Bajo el pretexto de una supuesta fiscalización posterior, se pretende desconocer un acto administrativo firme y legalmente válido, con el argumento de que se habrían encontrado firmas falsas en el padrón de adherentes.
Lo primero que debe recordarse es que las firmas presentadas por Perú Acción fueron constatadas por peritos especializados y certificadas por el RENIEC, cuya Ley Orgánica, en su artículo 7, establece que esa verificación constituye la única certificación válida para la inscripción de organizaciones políticas. Este marco legal es inequívoco: ningún otro organismo puede sustituir ni revisar dicha función.
A pesar de ello, el JNE insiste en un camino irregular que ya tiene antecedentes. Durante la gestión de Jorge Salas Arenas, se nos despojó fraudulentamente de una inscripción anterior y, más aún, se admitió una tacha contra nuestro símbolo a pesar de que se probó que se trataba de un fraude. Hoy se intenta reeditar esa historia con nuevas maniobras, todas dirigidas a impedir nuestra participación electoral.
El problema se agrava por el momento elegido: estas amenazas se formulan cuando el proceso electoral ya ha comenzado, violando las garantías democráticas consagradas en la Constitución y desestabilizando gravemente el proceso electoral en curso. Tal conducta erosiona la confianza ciudadana y convierte al árbitro electoral en parte interesada.
En el plano jurídico, la invocación del artículo 32 de la Ley 27444 es totalmente improcedente, pues esa norma solo permite fiscalizar documentos presentados por administrados, no actos de un órgano constitucional autónomo como el RENIEC. Y respecto de la llamada acción de lesividad, esta carece de base legal, porque el JNE no es la entidad legalmente calificada para calificar firmas y, por tanto, no puede cuestionar un acto que no le pertenece.
Lo que está en marcha es un intento de fraude institucional, camuflado bajo formalismos legales, pero destinado a excluir a Perú Acción mediante un procedimiento ilegal ad hoc. Esto no es defensa del orden democrático: es persecución, es hostigamiento y es un ataque directo al derecho de los peruanos a elegir libremente.
(*) Presidente de Perú Acción
Presidente del Consejo por la Paz
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