Perromuerto previsional
Uno de los objetivos del sistema previsional privado peruano era asegurar que el Estado no siguiera birlando los aportes de los trabajadores, tal como ocurrió por décadas en el sistema estatal. Era lógico, al tener cuentas individualizadas, un trabajador afiliado a una AFP aseguraba no solo el aporte entregado a lo largo de su vida laboral, sino el acceder a una importante revalorización de su fondo gracias a la rentabilidad obtenida al final. Por ejemplo, en mi caso, del total de mi fondo acumulado, 40 % es producto de la rentabilidad.
Era previsible, también, que en el sistema privado se registrará algunos graves riesgos que atentarían con ese objetivo. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores de una empresa privada, los dueños o accionistas siguieran el mal ejemplo del Estado con los fondos previsionales públicos, es decir, no depositasen en la cuenta individual en la AFP de sus trabajadores y se lo metieran en el bolsillo de terceros. Un robo descarado que el sistema de fiscalización laboral y el judicial no ha podido contener, generando un potencial gran perjuicio similar al originado por el sistema público previsional.
Sin embargo, no solo son las empresas privadas (salvando las que sí cumplen, obviamente) las que socavan el fondo privado previsional de sus trabajadores. A la fecha el Estado –a través de sus tres estamentos de gobierno (central, regional y municipal)–, ha generado un descomunal forado superior a los 7 mil millones de soles, afectando a más de 387 mil servidores y ex servidores públicos de 2,656 entidades estatales.
¿En qué se usaron esos recursos? ¿Acaso no es un grave delito que un funcionario público se apropie del dinero de sus compañeros de labores? ¿Cuántos procesos de destitución hay por esta apropiación ilícita? ¿Y la Contraloría General de la República? ¿Y las directivas del MEF a la hora de transferir los recursos para el pago de planillas? ¿Y los titulares de los pliegos ministeriales? ¿Y los alcaldes y gobernadores regionales? ¿Alguna medida legislativa para atacar esta nueva versión de perromuerto estatal?
Este robo ignominioso es incluso más perjudicial que los desfalcos registrados en el caso Lava Jato –donde los bandos armados de nuestra clase política tratan de demostrar patéticamente que su opositor ha sido más delincuente que los integrantes del suyo–. Aquí estamos hablando de afectados con nombre e identidad. Son 387 mil trabajadores y extrabajadores que han visto –a lo largo de los últimos años– cómo mes a mes sus aportes eran desviados a otras cuentas y, muchos de ellos, haberse jubilado con un miserable saldo negativo en sus cuentas. ¿Alguien, en nombre de la tan manoseada “lucha anticorrupción”, se comprará el pleito?
